La Forma de Estado




La Forma de Estado guarda una estrecha relación con su Identidad , de ahí el afán del nuevo liberalismo por desintegrar lo identitario (identidad genérica, indefinición política, diversidad cultural…), para desplumar y a la vez penetrar el Estado y dejarlo en el chasis de lo elemental o demagógico (dios/clero, patria/ejército, bandera/unidad). Su anhelado Estado mínimo, su distopía, se reduciría a Justicia y Defensa, Exterior e Interior. Porque al neoliberalismo no le molesta el clericalismo, el militarismo o el patrioterismo, le estorba el raciocinio, el desarme y la voluntariosa unión nacional (contraria a la unidad fingida y forzosa). La Forma de Estado tiene que ver con su moral, su historia y su cultura, más o menos racionales o sentimentales. Con certezas por observación objetiva de experiencias o bien con doctrinas por observancia de credos subjetivos. Con predisposición y capacidad de respuesta ante eventualidades o bien con apoltronamiento en la normalidad e inquietud ante la incertidumbre. De ahí la existencia de Presidentes reprobables a tiempo parcial, por funcionalidad desde la óptica del electorado, o bien de Reyes inviolables a perpetuidad, por parentesco divino si se mira a través del caleidoscopio mitológico. De Estados donde se enseñan las diferentes éticas y Reinos donde se impone la «ética cristiana» a través de un Concordato con la Santa Sede, no solo magistral sino también festival y jurisdiccional (legislación canónica y derecho estatutario de órdenes, congregaciones e institutos «de vida consagrada»), al que la educación cívica no puede hacer oposición por mucha inventiva de la fuerza política alternante con la democracia cristiana y romana, la socialdemocracia alemana de órganos dirigentes igualmente autoritarios.

  Tras la derrota de los fascismos italiano y alemán, Franco escribió a Pío XII para reconsiderar un Concordato como el suscrito por Isabel II en 1851 que la II República había derogado, siendo firmado en 1953 tras dar señales capitalistas (o relativo abandono de intervencionismo) y de contrapesar al falangismo nacional con el confesionalismo católico, paulatina sustitución de la dialéctica de los puños y las pistolas por el personalísimo Movimiento y el clericalismo ejercido por tecnócratas de la Sanctae Crucis et Operis Dei, que potenciarán el sector del turismo en detrimento del campo y la industria (el prelado doméstico de Pío XII desde 1947, hoy San Josemaría Escrivá, inaugura la Escuela de Derecho del Estudio General de Navarra en 1952 y dos años más tarde la Facultad de Medicina que engendrará a la Clínica Universitaria). El Concordato fue reeditado en 1976, tras la muerte del dictador y para respetar las competencias privativas de las autoridades eclesiáticas frente a las civiles en materia jurídica (Derecho Canónico) y militar (Vicariato General Castrense) que habría de reflejar el texto constitucional sancionado por Don Juan Carlos I: mantenimiento de las «relaciones de cooperación» (art. 16.3). Concretadas en 1979, siguen vigentes a día de hoy. Un convenio que nos sirve para comprender nuestra estructura social y su relación con la propiedad y la Hacienda, así como la utilidad de nuestra nación en el marco europeo y nuestros lazos exteriores sustentados por la globalización económica y los paraísos fiscales. La trampa va tradicionalmente por delante, como cuando Suárez hacía encuestas que perdía, por eso no hay que malgastar el tiempo escuchando justificaciones por el retraso.

  Este es el modo en que se asumen cánones inquebrantables (revisables en teoría), para que los profanos resuelvan claudicar ante los especialistas —«Doctores tiene la Santa Madre Iglesia»— y sean estos quienes interpreten la «ciencia religiosa», sus competencias, sus prebendas y sus externalizados negocios, p. ej. por colaboración de seglares con la Obra. Una instrucción dogmática que tiene su aplicación en el resto de aspectos de la vida: generales tiene la Santa Madre Milicia, secretarios generales tiene la Santa Madre Política (la tarea menos agradecida es la de desplazar los canones), presidente y consejeros tiene la Santa Madre Empresa (también los partidos que funcionan como tal), inversores tiene la Santa Madre Economía, holdings periodísticos tiene la Santa Madre Información y adoctrinados buenistas tienen todas ellas. Aunque sepamos, por el octavo mandamiento de la Ley de Dios, de la posibilidad de falseamiento tecnocrático. Llama la atención en este sentido el aguante del exjefe de la unidad epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III (creado en 1986 al tiempo de habilitarse los conciertos económicos con la sanidad privada) y actual director del CCAES, Fernando Simón, sobrino político desde hace tres décadas del exsecretario General de Sanidad con Franco, exministro de Sanidad con Aznar y expresidente del Consejo de Estado con Rajoy (nombrado al tiempo que Simón en el CCAES), J. M. Romay Beccaría, a la vez que premio Alumni Montearagón en el centro del Opus en el que estudió y que continúa segregando por sexo gracias a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón amparada en la «situación jurídica individualizada» . O del expresidente de la AIReF (del agrado de Montoro y de la troika) y actual ministro de Seguridad Social (despreocupado de Trabajo), José Luis Escrivá, sabido su compromiso para la implantación de la renta mínima y la liberalización de las pensiones, ambas pretensiones con anterioridad al coronavirus 2019. Los dos burócratas, de la casa público-privada y empleados indistintamente por el Estado bipartito de lo social y lo económico.

  En las tertulias televisivas y digitales —que en paz descansen las de los bares y restaurantes hasta nueva orden— se ha normalizado la controversia entre salud y economía. Una disyuntiva tramposa, tan embaucadora como el CIS, puesto que la salud, y también los sistemas de enseñanza o pensiones, dependen de la economía (salario, condiciones laborales, de habitabilidad, alimentación, estrés, acceso a equipamiento, a dispositivos, a estudios superiores como la magistratura, a los consejos de admón. de la empresa privada, al propio mercado laboral, a seguros de dependencia y fondos de jubilación…). Todos estos fundamentos prácticos para mantener la crisis cíclica no solo económica —llamados perversamente «ciencias»—, conforman el pragmatismo o realpolitik (política posible desde la perspectiva del poder establecido), tremendamente surrealista en su misión apostólica de disponer para la ciudadanía la irrelevante agenda del día a día servida por la propaganda persuasiva de los medios. Debates absurdos sobre semejanza en las formas, sobre bulos y desmentidos (solo algunos de ellos), sobre lapsus linguae, sobre conexiones terroristas siguiendo el método Aceves…, para terminar concluyendo la estabilidad del «ahora no toca» comulgante con la globalizada catequesis neoliberal. Capitalización bursátil e internacionalización ajenas a la moral, es decir, a la justicia, a la enseñanza, a la salud…, despreciando y excluyendo a las partes molestas para ubicar permanentemente a las Instituciones en una deformada equidistancia, que, además, implica un enfrentamiento. La distracción ayuda a contrarrestar las preocupaciones o teorías minoritarias que pueden convertirse en certeza o dogma si son impulsadas o apoyadas con suficiente fuerza por la sociedad. Distraer y enfrentar a la sociedad civil es lo que posibilita la existencia de una política insustancial (sombrajos de la realidad) y una política real que se practica con antelación, en el exterior y detrás de un guiñol, y que impide compartir camino a los vecinos y sus territorios con el Estado y sus gobiernos.

  Lo que oficialmente acontece en el Estado y en el globo, la agenda establecida por los negacionistas de la corrupción (de los Estados), únicamente tiene efectos prácticos sacándonos los ojos del presente —literalmente en algún caso por medio de los prodisturbios— y sustituyéndolos por los ojos del futuro o los del pasado. Resulta revelador el letargo mediático tanto al respecto del envilecimiento internacional como sobre la descomposición autóctona. Puesto que los actos del rey no tienen cabida en un debate sobre la forma de estado —o así lo cree la ministra boom—, nos centraremos en el sempiterno caso Gürtel (o caso PP). Como ocurre con el caso Corinna (o caso Corona), la titulación del epidosio no hace justicia al total de piezas, la injusticia empieza con la conceptuación. En 2005 José Luis Peñas es expulsado de militancia por la «intencionalidad clara y manifiesta de desprestigiar» al Partido Popular, presentando aquel una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2007. A la Audiencia Nacional (Garzón) le llega en febrero de 2009. La primera publicación relativamente detallada aparece en abril de 2010 en El País. El Mundo de Pedro J. Ramírez y Eduardo Inda, despistado desde el 11-M de 2004, no muestra interés hasta que los populares, todavía con Abascal en su ejecutiva vasca, reconquistan el Gobierno. Para cuando la mayoría ciudadana es consciente del saqueo, aplicable al caso ERE (o caso PSOE), se le pide que mire con los ojos del futuro: confiemos en la presunción de inocencia, dejemos que la justicia actúe, verán como es una trama contra nosotros, etc. Las sentencias firmes, que tardan vidas en llegar, nos abren los ojos del pasado: los jueces (Garzón, Castro, Alaya…) han obrado con enemistad manifiesta, fueron solo unas ranas —preferiblemente las cantoras, a las que hacen la vida imposible, como Peñas, Garrido o Macías—, otros han sido más corruptos, etc. Para el día a día, para cegar al presente, nos reservan el trato infantil, la inundación desinformativa plural (para todos los gustos) y la gestión gradual de las emociones diferidas. No hay pan para tanto periodista.

  Si todos los gobiernos centrales terminan siendo nefastos a la postre, algunos incluso antes de celebrarse la sesión de investidura, ¿no será que lo que falla es un Estado de dos partidos hegemónicos en permanente enfrentamiento para «que caiga España»? ¿No será que se accede a gestionar las arcas públicas con partidas ya comprometidas a clientes y financiadores de las campañas? ¿No será que para sentenciar por corrupción a mediadores como Bárcenas, Correa o Villarejo deben concurrir además legisladores y adjudicatarios? ¿No será que, sin trascender los beneficiarios que abonan las mordidas, participan del proceso también los magistrados (íntimamente ligados a la clase consagrada)? ¿No será que resolver estas cuestiones es tan sencillo como tener voluntad judicial (los jueces también son políticos) para revisar el Boletín Oficial del Estado cotejando los mandatos y los movimientos dinerarios? La monarquía ni acabó con la corrupción ni trajo democracia. Tampoco mantuvo la «grandeza». Más bien, mantuvo la decadencia. De 9ª economía mundial en 1978 hemos pasado a 14ª y, de seguir igual, estaremos fuera de las 20 primeras hacia mitad de siglo. Sí es cierto que entrar en la Zona Euro le propició repuntes desde finales de los 80 y hasta la primera década del s. XXI en los marcadores PIB (que, por otra parte, no indican la distribución de riqueza ni la salud democrática, y, por tanto, tampoco la estabilidad), de igual modo que otros miembros se favorecieron del impulso inicial. Pan para hoy y hambre para mañana si los fondos no se destinan apropiadamente sino que son apropiados indebidamente. Con la globalización, y en orden al interés estatal, la competencia extranjera tiene ventaja sobre la incompetencia de hijos, nietos y bisnietos del Franquismo S. A., precisamente por estar éstos mejor preparados para el mercadeo de influencias, las puertas giratorias y el riego piramidal. Es decir, para no competir, ya sea anulando a la competencia o bien sirviendo al contendiente cuando es más potente. Sólo puede quedar uno.

  A la camarilla monárquica no le importa que España caiga en ranking mundial de PIB, porque crece la parte que se quedan pese a ceder soberanía económica (si alguna vez tuvieron grandeza los soberanos, fue por su capacidad de fabricar moneda), y porque la productividad aumenta más rápidamente que los salarios como consecuencia del recorte de derechos e impuestos del que participan dentro y fuera del Estado. ¿Nos conviene a todos un Mando Supremo de las Fuerzas Armadas a perpetuidad sabiendo de la creciente necesidad estadounidense (como mayor exportador armamentístico) de que los miembros de la OTAN aumenten el porcentaje de PIB destinado a Defensa? La demócrata Michèle Flournoy manifestó en campaña electoral que «la experiencia de la Covid-19 ampliará la definición de lo que se incluye en la canasta de la seguridad nacional». Nuestro gobierno, tildado de socialcomunista, acaba de comprometer con la farmacéutica estadounidense Pfizer 10 millones de dosis contra el coronavirus a un precio desconocido (19,5$ en EE. UU.), desechando las mayores prestaciones de la vacuna Sputnik V del Ministerio de Salud ruso (precio estimado de 7$ y mejores condiciones de conservación) y pese al precedente de los 400 millones de euros en 2009 (una cantidad similar a la buscada ahora) con las vacunas Tamiflú y Relenza que no se llegaron a emplear para hacer frente a la pandemia de gripe A (H1N1). Entonces, los devastadores efectos vistos en radiografías pulmonares no alarmaban tanto.

  Mirando hacia atrás, sabemos (hasta la fecha) que el SARS-CoV-2 circulaba en EE. UU. (Robert R. Redfield, director del instituto estadounidense Centers for Disease Control and Prevention, reconoció ante la Cámara de Representantes resultados positivos en el diagnóstico póstumo de las muertes por gripe de la campaña 2019-2020) y en Italia (detección de anticuerpos específicos desde septiembre del pasado año a raíz de un ensayo prospectivo para la detección de cáncer de pulmón, lo que además de desacreditar la propaganda vertida sobre el origen del virus, revela una sobreestimación de la tasa de mortalidad), antes de aparecer mediáticamente el virus de Wuhan, cuando se crearon las expectativas de innovación tecnológica en la economía de mercado. En aquel momento se informó global y masivamente de cada contagio, de la secuencia genética, de la procedencia animal, del animal de procedencia, de pruebas PCR (de eficacia limitada) y de los posibles tratamientos, con los protocolos indicados desde el Instituto Carlos III centrados en el vínculo con la provincia de Hubei (China) hasta prácticamente marzo, imposibilitando realizar test al cuerpo médico que lo venía solicitando. Se dejaron los test para el verano, para la mayor radiación ultravioleta, los días más largos, la mayor exposición al aire libre y para contradecir al patrón estacional de los coronavirus precedentes. La prensa sensacionalista y especulativa (que colma los telediarios) se encarga en el presente de divulgar los casos singulares así como la «gratuidad» vacunal (puesto que el enganchado a las dosis es el Estado) y la «filantropía» científica como la del Instituto de Salud Global cuyo Patronato preside Cristina de Borbón. Por otra parte, son habituales las presiones legislativas al ejecutivo desde corporaciones que manejan la deontología y la bioética (aborto, eutanasia, células madre, sexualidad…) y controlan la Organización Médica Colegial, cuyo Consejo General fue disuelto por Azaña al inicio de la guerra civil y restaurado por Franco en enero de 1938. Asimismo, es significativo el lucro de multinacionales con la gestión de los tiempos por la OMS, las ventas cortas (ganancia con la pérdida de valores financieros) supervisadas por el Banco Mundial y prohibidas en España, Italia y Francia por su debilidad de activos en pensiones, precisamente las economías europeas más afectadas por la crisis pandémica.

  La verdadera política que no relatan los políticos ni los medios es el momento exacto en que se hace efectiva la ayuda económica a cada Estado, ya sin autonomía financiera ni soberanía política en la bancocracia global, y las especificaciones de las correspondientes contraprestaciones para disfrute de lo votado. Los fondos no fluyen hasta haber sido encauzados para revertir. Tampoco sin consistir en un negocio en sí, p. ej. con préstamos a interés negativo del BCE, es decir, de los bancos estatales centrales (públicos) a la banca privada pagando por ello. Degeneración estructural y devaluación monetaria hoy, condiciones de esclavismo mañana (paro orgánico, empleo basura y estacional, rentas mínimas, estructura de PIB de bajo valor, elusión fiscal…). Cortoplacismo que, misteriosamente, sigue siendo celebrado por el menguante capital social que son los habitantes de la nación. El entendimiento entre oligarquías es el que arruina la Unidad y la convierte en mera conveniencia financiera entre democristianos, socialdemócratas y neoliberales en el exterior, entre nacionales —movimentarios si fueran guionizados en Los Simpson—, tradicionalistas y convergentes en el interior, en lo que viene siendo un doble juego centrípeto y centrífugo favorecido por las periódicas desestabilizaciones territoriales. Ante la escasez, no solo no se racionaliza el sistema productivo, sino que se dedica más gasto público a Defensa e Interior, a preservar los intereses del establishment.

  ¿Debe tener nuestro caudillo la potestad permanente de asignar cargos militares y civiles? ¿Y de poder separar a los miembros del Gobierno si así lo considera tras reunirse con los dirigentes de los partidos? ¿Queremos un Instituto de España con diez Reales Academias incubadas por los Villar Mir (implicado en la Operación Lezo), Vargas Llosa (figurante en los papeles de Panamá, adalid del encarcelamiento de los Jordis), Hugo O’Donnell (recuperador del nacionalismo españolista borbónico en la figura de Blas de Lezo), Suárez Fernández (director gral. de Universidades durante la dictadura, biógrafo en exclusiva de Franco), Pérez-Reverte (revisionista 24×7, odiador de infieles y amante de los perros), Juan Luis Cebrián (miembro del Club Bilderberg y expresidente del Grupo PRISA), Martín Villa (orden de detención y extradición por su responsabilidad en los Sucesos de Vitoria de 1976) o Suárez González (exministro del dictador en vida, orden de detención y extradición por su responsabilidad en los cinco últimos fusilamientos del franquismo, numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas junto al otro pájaro)? ¿De qué nos está sirviendo conservar, en estado latente desde 1977, el Águila de San Juan de la Orden de Cisneros otorgada por su Gran Maestre, el ciudadano Felipe de Bourbon? Nuestra institución monárquica no es figurada o renovada como argumentan quienes la defienden, su simbología y parafernalia es objetiva, persigue un interés concreto: el abuso. Atropello que necesita de súbditos crédulos que ignoren lo sustantivo, las cada vez más reservadas cuestiones de Estado —cortesanos tiene la Santa Madre Patria—. Ni siquiera el ventajismo histórico-político-periodístico ha sido capaz de revestirla de ejemplaridad. El Concordato entre la sede apostólica y el Estado español reza en su artículo VI, apartado 3: «La Santa Sede reafirma el valor permanente de su doctrina sobre el matrimonio y recuerda a quienes celebren matrimonio canónico la obligación grave que asumen de atenerse a las normas canónicas que lo regulan y, en especial, a respetar sus propiedades esenciales». ¿Dónde reside entonces la utilidad del Concordato para Isabel II y su tataranieto?

  Ya se votó la identidad, la forma y la articulación del Estado; ya se sabía de la corrupción institucional; luego ya se pasó el tiempo de discutir el armazón constitucional —ergotizan los cómplices a sabiendas de que no son ciertas ni las premisas ni la conclusión—. ¿Acaso no había renovado el heredero de Franco dos años antes el Concordato? ¿Acaso hubo algo diferente a «elecciones generales» y «padres» del texto? ¿Acaso hubo otra cosa que nocturnidad y confabulación en restaurantes madrileños? ¿Acaso no llevaba vigente diez años la Ley de Secretos Oficiales del dictador cuando se le hizo creer al pueblo que votaba democracia, conquistaba soberanía y rezumaba poderes estatales? ¿Es que no son confidenciales las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso? ¿Sólo la banca y los fondos internacionales pueden modificar nuestra carta magna y decidir el «interés general»? ¿Sólo es posible elegir nuestro Jefe de Estado con la bendición estadounidense? ¿Es simbólico que se invada militarmente la provincia que Juan Carlos I arrojó a los pies de los caballos de su hermano (de sangre azul) Hasán II para acceder al trono, y que nuestro ministerio de asuntos exteriores condene las manifestaciones frente al Consulado General del Reino de Marruecos? Con los Borbón, hemos pasado de que el Estado esté «comprometido con la autodeterminación» (del territorio saharaui), a que lo estén sus nacionalidades. Evocando los discursos de Sus Majestades y las hazañas de sus paladines, que no han sido otras que descentralizar incumbencias económicas hacia el sector privado, no es de extrañar.

  Unos se resignan y pierden la fe en significados, otros se persignan y rezan a significantes vacíos en presencia de los flashes mientras avivan la violencia institucional a escondidas. En el contexto nacionalcatólico de Alfonso XIII, M. Primo de Rivera y F. Franco, la intelectualidad intergeneracional (del 98, del 27, de las sin sombrero…) apostó conjuntamente por lo liberal en el aspecto social y decididamente por la república en cuanto a la esencia estatal, tras la crisis de valores desencadenada por los desastres de Puerto Rico, Cuba y Marruecos ante estadounidenses y rifeños, junto al de la Capitanía General de Filipinas. Las demandas de los Unamuno, Machado, Gómez de la Serna, Ortega y Gasset…, y de las Campoamor, Moliner, Zambrano, Carmen De Burgos…, fueron entonces el divorcio entre Iglesia y Estado, una separación neta de los poderes estatales y el desentendimiento de la supremacía moral de los monárquicos. Liberales en conjunción con socialistas, atribuyeron al Estado, además de cierta dirección económica, la competencia en Enseñanza (pedagógica, filosófica, científica…) y Salud (estructuras sanitarias, higiene social, abastecimiento alimentario…). La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) de los Ramón y Cajal, Severo Ochoa, María de Maetzu…, heredera de la Institución Libre de Enseñanza de los Giner de los Ríos, Salmerón, Alas (Clarín)…, fue desarbolada por decreto dictatorial en 1938 para mudar hacia la ciencia «ante todo católica» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de los Ibáñez Martín, Albareda Herrera, Escrivá de Balaguer…, enmarcada dentro del Instituto de España impulsado por el glosador en el diario Arriba España (1936-1975), Eugenio d’Ors.

  Es lo que tiene la instauración de esta familia, por Gracia del Rey Sol, y las sucesivas restauraciones (Fernando VII, Alfonso XII y Juan Carlos I) promovidas desde el exterior. La interpretación de la inviolabilidad y la irresponsabilidad de «la persona del Rey» que hace el Supremo, tribunal visado por el propio rey emérito en 2013 para un mandato constitucional de 5 años (la amnistía fiscal de Montoro data de 2012 y es declarada inconstitucional sin efecto retroactivo en 2017), conduce al absurdo, a la contradicción entre los artículos 56.3 y 64.1 de la C. E. (refrendo de los actos «por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes», es decir, dentro de estas competencias) y a la significación de impunidad, de estar por encima de la Ley. Los escribas nombrados por el inviolable e irresponsable constatan de esta manera que el tratamiento del término «persona» (aplicable ahora a Felipe VI) no se corresponde con la acepción sujeto de derecho sino con la de espécimen humano. A los fariseos no les queda otra que ser más papistas que el Papa. Siendo objetivos y comedidos, la probabilidad de que sea ficticio lo que nos llega de la Casa Real es elevada. Desde sus herencias y renuncias hasta sus lunas de miel pasando por sus menús degustación. Cuando el fotógrafo real asoma por el Pabellón de la Zarzuela, las infantas intuyen que toca sopa de verduras y, quizás, leche frita.