Lawfare, contacción de law (ley) y warfare (guerra). Guerra por la vía judicial extendida a todos los niveles administrativos de los Estados y presente en todas las facciones estatales.
El Gobierno de coalición que capituló ante el Estado entregando la ofensiva del pueblo a cambio del escudo social, sube el SMI, y también el indicador de acceso a las prestaciones y a la justicia. Prácticamente toda la subida desde 2010 es la de dicho Gobierno, a partir de 2021 (+5%), con el mismo retardo temporal que pudiera llevar el SMI. Entre 2010 y 2020 y entre tres Gobiernos diferentes, subieron el SMI más de trescientos euros sin tocar el IPREM, también con bastantes «ajustes dolorosos pero necesarios» en aquella época. Puesto que hoy padecemos un recorte de poder adquisitivo con el hiperaumento de precios y ulterior subida de los tipos de interés en las hipotecas del actual monstruo de la inflación, Christine Lagarde (asesorada económicamente por el tecnócrata opusita Luis de Guindos), y el salario no está ligado a estas fluctuaciones inesperadas, experimentamos también recorte de DERECHOS: el económico de equipararnos a quienes no pierden poder adquisitivo con el mecanismo de la inflación y el derecho a la atención jurídica (gratuita), entre otras atenciones estatales. Los individuos se ven obligados a confluir en colectivos para contratar servicios jurídicos, máxime cuando el contendiente es el propio Estado. Recortes que se suman a la imposición atlantista (trumpista y bidenista) de aumentar el porcentaje de PIB destinado a «Defensa» y «seguridad nacional» (eufemismos del expansionismo anglosajón), faltando partidas lógicamente en otros campos donde ya faltaban (educación, sanidad y pensiones) para terminar con los modelos sociales que observaban los derechos humanos entre los que se encuentran los relativos al trabajo en condiciones de libertad. A quienes no repercuta en su salario la subida del SMI, por partida doble.
La agencia franquista de noticias, EFE, anuncia a bombo y platillo (puesto que prefiere otro Gobierno) que el BBVA (y el sector bancario en general, dominado por centroeuropeos y sionistas) se levantó 8.019 millones en 2023, un nuevo récord de ganancia de poder adquisitivo, mientras la publicidad institucional reza ahora que ya no seamos cainitas ni odiadores o haters, y que repartamos besos y abrazos, predicando con el ejemplo cuando trompetean sus limosnas o cuando dejan dormir en los cajeros a los desahuciados. El salario de la población inactiva son las pensiones, contributivas o no. Se habla sin problema de «blindar» las pensiones a la inflación que disciplina la UE (incluso de hacerlo en la Consti. estando en campaña), pero ni se plantea blindar el SMI de los futuros o potenciales pensionistas, la población activa de la segunda división europea (segunda por mucho que la narrativa diga que remamos a la misma velocidad y en la misma dirección que el eje franco-alemán desde el Brexit). El Estado, que se comporta como un verdadero hater de la nación, quiere que esa población activa (generaciones perdidas sin apellido) esté OCUPADA, y además presume de ello, en unas condiciones laborales en las que terratenientes y tenedores de capital, clero y ejército están teniendo sus máximos beneficios históricos (patente ganancia de poder adquisitivo).
El capitalismo no repercute, nos dicen alegremente los odiadores anónimos en sus estudios contratados, en el incremento de infartos, el exceso de mortalidad o el descenso de la esperanza de vida al nacer, aunque sí lo hace el «cambio climático» que llega. Las muertes oficialmente por frío o por calor ya están aquí, según un estudio que no distingue si se trata de accidentes laborales. Y los sindicatos de interés estatal no convocan una huelga general desde hace once años, dos meses y diecisiete días. Antes va la Iglesia a Ferraz 70 a reivindicar literalmente en cartones la nacionalidad española de Dios o la preferencia por morir de rodillas (querencia del taurino manifestada con anterioridad en Es mejor la nueva normalidad que morirse). Debió haber huelga general cuando dividieron a los trabajadores en esenciales y vulnerables. ¿Acaso no hay lawfare contra los usuarios de la sanidad público-privada (contra la ciudadanía) en poner a una jurista para que transforme el ministerio de Sanidad en ministerio de Farmacia y las consultas en dispensarios, y acto seguido a un farmacéutico para terminar de transformar el modelo sanitario público (que ya admitía copagos, externalizaciones y modernizaciones) en el de aseguradoras privadas que únicamente atienden patologías rentables? Las complicaciones y los gastos ocasionados, al maestro armero.
Con la guerra judicial ocurre lo mismo que con la guerra territorial en el Estado de Autonomías, que la disfruta el descentralizado sector privado, y también las Administraciones públicas. No tanto la sociedad civil, que padece los excesos no sólo por repercutir en las arcas sino también por el estilo de vida o lifestyle que te recuerdan tus elegantes e inteligentes dispositivos: lo que necesitas. Lo que necesitas comprar y lo que necesitas saber. Bajo bancocracia y con idiotismo importado del mundo anglosajón en las instituciones, los controladores aéreos o Pfizer (USA) y BioNTech (GER) SÍ pueden declarar un parón, a nivel mundial si hace falta, por lo civil o lo militar. E inmediatamente [volver a] poner sobre la mesa dinero creado de la nada por la bancocracia. «Por lo menos los microcréditos electorales no se los pedimos a los bancos», presumen ciertos partidos de diferenciarse del resto como si no viviéramos la mayoría de prestado, bajo las condiciones democráticas y las posibilidades económicas que deciden quienes detentan el poder (la banca, en última instancia extranjera). Si mañana quiebra el banco, que quebrará mientras siga siendo rentable, esa mayoría no tiene NADA. Y lo mismo ocurre sin batería en el supuesto teléfono espabilado, ¿de tu propiedad cuando la colaboración público-privada tiene incluso el justificante de presumirte terrorista?
Asimismo manifiesta la lawfare en la Ley del «Sólo Sí es Sí» (al consentimiento y a la prostitución), equiparación de los supuestos delectivos a AGRESIÓN sexual como ocurriera con el MALTRATO físico o psicológico, con mayor abanico de acción para los políticos con puñetas (los jueces), tradicionalmente en contra del robagallinas y a favor del robaelefantes, y que deciden sobre la VIOLENCIA en casi todas sus formas, dado que el Estado sí puede ser violento y sexista (la sucesión en la Corona no es simbólica sino funcional). Más cuando de por medio hay negocios demasiado jugosos para caer, por ejemplo los de los fondos buitres con tarifas planas para ordeño de población inactiva, mayores y menores, los vulnerables de la vieja normalidad. Por eso «rescatan» a los bancos públicos (a base de ahorros y derechos sociales) aunque legalmente no se permita. Rescatan entre comillas, más bien secuestran y mantienen bajo síndrome de Estocolmo a través de la AIReF por la que entró al Estado el flamante ministro de Transformación de la Función Pública, José Luis Escrivá, que ya dejara sin hierba el de Seguridad Social (otrora ligado a la contribución laboral). Mucha lawfare contra los pueblos también en Maastricht, el demos debe ORDENAR al Mercado, que no es un monstruo extraordinario como tampoco lo es la hiperinflación para apañar sus deudas y chanchullos, sino personas con apellidos y corporaciones amarradas al aparato estatal globalizado (sin uniformidad fiscal, ni jurídica, ni educativa…). Lagarde comunicó que «la subida de los tipos de interés seguirá» para «golpear al monstruo» de la inflación «hasta que baje al 2%», según sus cuentas y despreciando la variable tiempo. En España aplicaron las estrategias de diferir y de la gradualidad incorporando con retardo a las estadísticas los datos del sector energético, en la cabina de mando del Estado y por tanto facultado para implementar las metodologías que quiera y cuando quiera, o bien levantar las calles que necesite levantar para equiparlas digitalmente o alumbrarlas.
No somos «iguales ante la ley», la ley establece desigualdades jurídicas (la persona del rey la más clara) y desigualdades fiscales con diferentes tramos tanto para repercutir como para deducir, favoreciendo la regresividad y la exención fiscal con el clientelismo, y posibilitando la elusión y la evasión fiscal con el corporativismo (de nuevo la de la persona física del rey la más clara). Diferente trato en la atención sanitaria, constatado en los protocolos de las direcciones hospitalarias y residenciales, entre «vacunados» y «no vacunados». Sin entrar a valorar qué grupo ha sido el insensato (si es que hay que elegir a uno), los jueces callaron durante los estados de excepción (buscar virus con metralletas sólo les pareció alarmante) en la llamada «pandemia DE los no vacunados». El DE delatador, como en el imperialismo DE Putin o en la huella DE carbono, elemento de vida. Para los «no vacunados» se pidió la hoguera cuando, transcurridos quince días, los teleplanistas de antorchas permanentemente encendidas olvidaron que «la vacuna» experimental (o de emergencia) era opcional. Con la plandemia se vio la lawfare en su máximo esplendor, y también la fusión de poderes en Españita (España sin Portugal) y en Europa en general. Discrepan en que Catalunya se lleve tal o cual parte del pastel anual, pero las cuestiones de Estado son conducidas por el camino que revierte en ellos. Como las ayudas, que no son «desbloqueadas» hasta haber sido encauzadas para revertir en su manantial, que no es la sede de la soberanía popular sino Fráncfort del Meno, sede de la banca europea —y el dinero no tiene dueño ni nacionalidad—, a menudo también referida de forma encubierta como «Bruselas», y que adhiere nuevos Estados títeres con valores contrarios a la cultura europea y claramente en declive. El Estado de Juan Carlos I es el mismo que el de Felipe VI, solo que ya no nos tratan de «disminuidos» y sí de «discapacitados» en el artículo 49 de la C. E.