El consenso neoliberal, monetario, bancario, terrateniente y religioso, mantiene rota a España e impide la cicatrización de sus heridas. Las encuestas que no publica el CIS nos dicen que hay un interés mayoritario por recomponerla. Como dijo Ortega y Gasset en otra época: «¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!». Al Estado le debe ordenar la nación y no al revés. La globalización económica, no tanto democrática, se ha traducido en desmantelamiento estatal, en descentralización de las competencias públicas hacia el sector privado. Sabemos que los consejos de administración, públicos y privados, han estado acaparados por ministros franquistas y sus herederos (entre 1961 y 1974, 64 de las 83 carteras). Las oligarquías de los distintos Estados han interpretado a la perfección la lucha de clases. Obviamente, hablamos de competencias rentables, en primer término con las privatizaciones socialdemócratas (industria, banca, energéticas, transportes, telecomunicaciones…). En segunda instancia, las partes jugosas del resto de incumbencias, con las privatizaciones democristianas (sistemas de salud, educación, empleo, pensiones…). Todo ello acompañado de la funcional rivalidad en condiciones fiscales y laborales, con deslocalizaciones y migraciones, mientras los ejecutivos y legislativos nombran sus guarniciones centrales, autonómicas y locales en lo policial y judicial, dando pie a abusos administrativos y mordidas como costumbre. Pero la responsabilidad no es de los territorios, no es de países, ni de estados federados, ni de regiones, ni de comarcas, ni de ciudades, sino de personas físicas, con dentadura y sonrisa impecables, que se alistan en [agrupaciones de] partidos de ideario transnacional.
Los inversores, cada vez más experimentados y cada vez asumiendo menos riesgos, no invierten en negocios ruinosos. Y qué mejor garantía, además de las facilidades legales, que la coinversión, la coinnovación (actualmente, personas al servicio de la digitalización y la seguridad nacional, que no social) y la colaboración público-privadas, en donde los beneficios fluyen por cuenta particular y los gastos corren por cuenta ajena: la menguante res publica que no necesitan quienes disfrutan de propiedades heredadas y seguros privados para los servicios sociales. Qué activo más fiable que un voluntarioso Estado que priorice el pago de la deuda externa. Qué mejor aval que la propia nación, que sus expuestos habitantes. ¿Cómo se explica que la austeridad pública para sostener los sistemas nacionales contributivos (salud, empleo, pensiones…), haya basculado la deuda privada hacia la pública, invirtiéndolas pero manteniendo la misma deuda total que en 2007 (entonces con una de las mejores deudas públicas y con superávit)? Ya es mala suerte que la actual crisis vuelva a golpear en los mismos pilares descentralizados (parcialmente en lo negociable). También es casualidad que la transferencia de competencias se produjera paralelamente al avance neoliberal, en campos provechosos para el ámbito privado. La eterna apuesta capitalista por los sentimientos identitarios elementales, religiosos y nacionalistas, descarta la globalización para la Hacienda, la Justicia, la Educación, la Sanidad…, imposibilitando el internacionalismo que se vislumbró con las primaveras mediterráneas de 2011 y que los trastabillados malhechores se empeñan en etiquetar como ideología criminal. Sin embargo, chantajes de las troikas como cortar la liquidez de los pueblos o embargar la medicina (alimentación, agua incluida, y farmacia), es ideología chanchi y guay de compis yoguis.
Los territorios son las víctimas, los responsables son sujetos de derecho adscritos en listas de partido y a grupos políticos, cómplices de la transferencia ilegítima con ausencia de beneficio para la población. Los oligarcas transnacionales hornearon el pastel en 1978, respetando los ingredientes franquistas; lo partieron entre el consenso hegemónico de UCD y PSOE en 1981, la entrada en la NATO en 1982 y la incorporación a la EU en 1986; se lo repartieron con el consenso PSOE-PP de 1992; y se lo seguirán zampando, si no lo evitamos, con un nuevo consenso en representación proporcional de los partidos y no mayoritaria de los delegados de los territorios. Si el pueblo no reacciona, los catequistas de dogmas económicos y empresariales y los propagandistas dedicados en los medios de persuasión, nos seguirán traicionando. Quienes apelan ahora a la Unidad —para recuperar la parte de poder perdida—, han participado activamente en la articulación de un ordenamiento jurídico tremendamente arbitrario y externalizable desde el punto de vista jurisdiccional: sanidad, asignaturas educativas de libre configuración autonómica, homologación de la autonomía pedagógica y económica de los centros educativos, asistencia social, ordenación territorial, urbanismo, vivienda, viales (tramos radiales desde los núcleos poblacionales, desmantelamiento ferroviario y desprotección medioambiental ligada a vías verdes y subvenciones al gasóleo), transportes, puertos y aeropuertos, policías autonómicas y locales, recursos hídricos, aprovechamientos hidráulicos, gestión de montes, intereses regionales sobre el medio ambiente… Curiosamente, lo que interesa a los pueblos de los territorios, de los que se supone emanaron los poderes estatales, es competencia fundamental del Estado: hacienda, deuda, planificación económica, régimen minero y energético, farmacia, autorización para consultas populares, normativa para la comunicación social…
Para los liberales de hoy, «lo revolucionario» es conservar el organigrama piramidal independientemente de la división administrativa, la oligocracia (independentismo supremacista al margen de fronteras o exclusión popular del kratos) sostenida por una clase sacerdotal (culto al dinero como elemento común) y un generalato mercenario al servicio del señorío global. Nada nuevo. No son alternativa al tradicional bipartito, sino «el adminículo portaestandarte que los acompaña» —que diría Anguita—. No hacen oposición a los contenidos, se limitan a criticar la gestión de lo existente o las formas, y terminan apoyando a la fuerza hegemónica (y si no, abandonan la primera línea de la política). Estamos ante un nuevo imperio romano germánico regido por dos principios sacros alternantes, una democracia material dispuesta por la ética cristiana y una democracia formal otorgada por la socialdemocracia alemana. Ejecutivos judiciales en pugna por el poder. Ambas doctrinas a su vez instaladas por dictado de la OTAN, el FMI y el Banco Mundial. Con la desposesión de atribuciones hasta lograr estados mínimos unitarios, la gran familia europea se transfigura en dinastía aqueménida, con sátrapas protectores (del imperio) encargados de bombear la riqueza por los euroductos hasta el corazón administrativo de intrincado y solapado aparato burocrático, para preeminencia de un banco central de consejeros áulicos, hasta hace cuatro días supervisores de las difuntas entidades financieras y cajas de ahorros. Los titulares de prensa personifican a «Europa». Sus comunicados son palabra de Dios. Nuestros enviados son Josep Borrell, Luis De Guindos o Margarita Delgado. Y los del resto de socios europeos no son mejores. Los fondos comunes que allí se concretan, seguirán teniendo como fin la «externalización» para ser internalizados por el emporio bancocrático.
Pese a las reiteradas insolvencias, bancarrotas y concursos de acreedores del modelo vigente, seguimos sin decidirnos por la inversión social de las naciones en las naciones (sin perder de vista el panorama internacional). La representación de los intereses territoriales y de los sectores económicos es donde reside la pluralidad de la nación. Así lo entendieron alemanes, austríacos y belgas, que envían a los delegados de sus estados federados para defender el desarrollo y la cohesión regional en las estructuras y comités europeos como el FEDER y los COREPER. Mientras tanto, nuestros ojeadores consensúan a través de marcas concesionarias sobre nuestras llanuras bélicas y páramos de asceta, nuestras tierras para el águila y la montería privada. Con suerte, obtendremos un cagadero de vacas frisonas para que los tenedores no añoren la dieta anglosajona cuando vengan de finde. Así son nuestros patriotas, grandes y admirables. Fomentadores de la competencia partidista entre comarcas y ayuntamientos por el turismo, aun habiendo sido desmitificado o desenmascarado el crecimiento indefinido y sostenido planteado por la Unión Económica y Monetaria de la UE, aun habiendo sido denunciado en su momento por economistas de fuste y por la izquierda desoída, los quijotes de los guiñoles del Grupo PRISA. Recordemos que los subeuropeos van camino de dos décadas incumpliendo la disciplina fiscal, cuando no acerca del déficit, en relación a la deuda, tanto pública como privada. Casualmente, un negocio para la banca. Ahora que hemos entrado en Navidad, cada año antes, evoquemos también los millones de euros que los alcaldes de los 8.131 municipios no dejan de dedicar a iluminación, acústica, decoración, desfiles o enchufe de personal, independientemente de la creencia consumista de los vecinos. En cada una de las fechas señaladas del calendario, la ganga circunstancial para las eléctricas supone sólo unos euros por ciudadano —razonan los funcionarios periodísticos semiexternalizados—. No como con la seguridad social de las ideologías criminales.
Decía Alcalá Zamora, presidente católico y liberal de la República Española entre 1931 y 1936 (mandato de seis años), ya en el exilio francés (desde 1936, zarpará hacia Argentina a finales de 1941), que «el más grave defecto de la Constitución» de 1931 había sido probablemente la «ausencia de un Senado y, en consecuencia, la omnipotencia de una Cámara única». Sin ir más lejos, el presidente tuvo que enfrentarse a la mayoría de derechas del bienio radical-cedista que quería expulsar al presidente del Tribunal Supremo por no estar bautizado. Quizás malinterpretaban el «respeto debido a las exigencias de la moral pública» del Artículo 27. Las Cortes bicamerales habían sido disueltas durante la dictadura de M. Primo de Rivera (1923-1930), y en el Art. 8 de la flamante carta magna se había reconocido el derecho a constituir regiones «en régimen de autonomía». En 1919 se empezaron a concretar condiciones laborales del sector industrial, como la impensable jornada laboral de 8 horas o las pensiones (mejoradas en el Reglamento General del Régimen Obligatorio de Retiro Obrero editado en junio de 1936), tras la huelga general propiciada por las expropiaciones, compensaciones y abusos de Riegos y Fuerza del Ebro S. A. (filial de la canadiense Barcelona Traction Light and Power Company Limited). La Cámara Alta de los Próceres, o de los Lores británicos, tiene su origen en la representación de los sectores económicos, cuando eran la corte y los nobles los que ejercían el poder absoulto, desde el Honrado Concejo de la Mesta hasta las Casas o Compañías de las Indias. Ejemplos de cámaras de representación territorial y descentralización de parte del poder son las de EE.UU. (100 senadores para 325 millones de habitantes), Rusia (170 para 146 M) o Alemania (69 para 83 M). Nuestro Senado de 265 senadores (208 por sufragio directo + 57 nombramientos regionales) responde a la atadura constitucional y veto del partido gubernamental a la alternativa. Y al aforamiento y retiro dorado como pago por favores, a la potencial cueva de Alí Babá. Territorialidad sin apenas peso (mayor para los archipiélagos), con el régimen de partidos y su disciplina, el sistema electoral y el turnismo gubernamental anulando el sentido profesional y jurisdicional y la protección de minorías. Alcalá-Zamora abogó, sin éxito, por una cámara mixta sectorial-territorial. La función del «contrapeso de estabilidad» —para no conjurar contra el Estado, reconocería Rousseau—, ha ido mudando del territorialismo hacia el corporativismo, la tecnocracia y los intereses particulares de la globalización, hasta no diferenciarse de la Cámara Baja. Ahora que pintan bastos para los Señores, ya no les gusta tanto el Senado.