Gobierno de capitulación

«¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y, cuando llega a serlo, le hacéis hijo de condenación el doble que vosotros!».
Mt 23 15


Esta semana nos hemos desayunado con dos nuevas significativas en cuanto a control de la ciudadanía. La primera, el anuncio del Instituto Nacional de Estadística (INE) del rastreo de macrodatos en dispositivos móviles, por cortesía de las multinacionales telecomunicacionales de España, Francia y Reino Unido (Movistar, Orange y Vodafone), para, sin facilitar los datos identificativos del individuo desde el sector privado hacia la institución pública, penetrar los hábitos de movilidad —con la más que comercial guerra por la 5G y el litio boliviano de actualidad—. Siempre bajo la justificación de mejorar la experiencia de vida y la promesa de no hacer una lectura interesada del big data, pese a adivinarse una creciente monotorización del turismo, de los pagos y de los precios, así como un productivo negocio derivado del acceso a dicha información y en especial a los microdatos o causas de las tendencias.

  En un entorno informático global en el que a pocos llama la atención la cantidad de publicidad que asimilar (o tasas que abonar) y de letra pequeña que clicar para poder navegar, cabe significar el relativo rechazo social suscitado por el acuerdo pionero en Europa, más por la alerta comunista apareada al futurible gobierno de coalición del momento —de capitulación salarial con la vieja política una vez se materialice, a razón de 3 a 1, la pretendida subida del SMI—, que por el enrarecido ambiente en el que el poder ejecutivo se dota de mayores competencias legislativas para el cierre de webs y el judicial anula autos de prisión de aquellos supuestos miembros de los CDR utilizados para ser mejor digerida la sentencia del procés catalanista (sujetos a los que únicamente se les aplicó protocolo explosivo-terrorista en lo judicial y en lo periodístico, y no en lo policial durante las imprudentes detenciones). Perfeccionamiento de la colaboración público-privada para la organización criminal y ahondamiento en la invasión de dominios dentro de la teórica separación de poderes estatales.

  La segunda noticia, la incorporación de las declaraciones como imputado del expresidente del BBVA, el «banquero sin amigos» en el sector, Francisco González, a una de las múltiples piezas separadas del caso Tándem referente a las cloacas parapoliciales y paraperiodísticas diseñadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en cuyos últimos autos el magistrado instructor subrayó la «instrumentalización de forma sistemática de los recursos públicos en beneficio propio y de sus clientes». Encargos como la revelación de secretos acerca de Podemos, hasta finales del pasado año bajo la lupa de la entidad financiera dirigida por FG, con la sombra de las evidencias sobre el incendio de la Torre Windsor volviendo a asomar; de espionaje empresarial y sindical a demanda de Iberdrola, donde el acecho a dos trabajores afiliados a la CGT ha supuesto el despido del jefe de seguridad; o de sustracción de información a Bárcenas en la pieza denominada Kitchen por parte de altos cargos del PP, con una dócil justicia eludiendo burdamente los pertinentes careos. Por ofrecer una idea de la dimensión económica de la cuestión, el exmando policial se habría embolsado en torno a 10 millones de euros en recompensa por los trabajos prestados durante la década como asiduo receptor del banquero.

  Quien haya mudado de empleo, desde o hacia una actividad económica de devengos variables, p. ej. la de los trabajadores autónomos con más de un pagador (ingresos indeterminados en el medio y largo plazo, en contraposición a los concernientes a contratos indefinidos en convenios colectivos sectoriales, empresariales o de función pública), habrá podido conocer la transmutación de la alfombra roja administrativa para el alta de la ocupación en trastorno de gestiones tras la alteración del estatus para quietud de la menguante en personal, prestaciones y sucursales, y no así en beneficios, banca privada. Normalizado recurso financiero para subsanar la incertidumbre ganancial es el bloqueo de la cuenta en el lado cliente (o client side) y no en el servidor (o server side), sin necesidad de comunicación previa y al margen de los supuestos de la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (traída al «camello de Europa» como proyecto de ley, es decir, redactada por el poder y visada por su ingeniería, constatando en la actualidad la discordancia entre el sistema jurídico anglosajón y el continental sobre la regulación de los proveedores de servicios de juegos de azar, de clara propensión monopolística). La atribución de la exigencia al ámbito público-político, incumbencia del bipartito, tal vez a nivel europeo, financiado por entes bancarios particulares, no deja de denotar cierta ingenuidad, quizá maldad, tanto en los mermados empleados como en quienes desconocen o dicen desconocer la procedencia de la orden, con el consentimiento firmado como requisito imprescindible para disponer en lo sucesivo del capital propio. Todo lo cual dota a la banca de la capacidad de intervenir pagos recurrentes y ocasionar, asimismo, la suspensión de dominios o sitios web.

  También esta semana, a raíz de los resultados en las generales, hemos percibido la influencia de sociedades bursátiles en el origen de mandatos político-jurídicos. Sirva el indicio del efímero señalamiento en las redes sociales a «Ana Patricia» (Botín) por parte del tránsfuga de fácil enojo, Juan Carlos Girauta, tras quedarse sin escaño y desearle «suerte con Vox», la nueva fuerza emergente que quebrantara durante las europeas de 2014 la ley electoral en su artículo 128.2 por aportación de fondos extranjeros a sus cuentas (procedentes del CNRI iraní) y que infringe en la actualidad la redactada desde su formación matriz sobre partidos políticos , por acumulación de conductas que fomentan la confrontación civil y cobertura a desórdenes vinculados a la violencia (art. 9 acerca de la actividad de los partidos). Comulgando con la línea estratégica de amortizar la deuda del bipartito contraída con el extinto Banco Popular del Opus Dei (trasladada al Santander al tiempo de completarse la integración en julio de 2019 mientras se disipaba la de Cs) y de propiciar alarma social favoreciendo el exponencial crecimiento del partido manifiestamente franquista, con decenas de miles de afiliados abonando cuotas mensualmente, se cerró el grifo a las formaciones. No obstante, los partidos del y tú más —o y tú menos, depende— recurrieron a préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), entidad pública orientada paradójicamente a favorecer el desarrollo del país. Boicoteada Unidas Podemos para menoscabo de su escalada reciente y del espacio mediático, cedido a la desposesión pija de la marca (la aparición Más de lo mismo), la excepcional campaña de microcréditos entre sus defendidos aún pudo mitigar el tanto tienes, tanto vales.

  Refería hace siete años la doctora en ciencias políticas, filósofa y analista estadounidense, Susan George, que los españoles eran como «ratas de laboratorio» al objeto de determinar el nivel de castigo y sufrimiento soportado por la sociedad sin llegar a rebelarse. Hoy día se escucha en las militancias izquierdistas de nuestro país el presuntuoso razonamiento de que son las bases y la novedad de consultarlas sin haber desarrollado de forma mayoritaria el sentido crítico precisado, las que empujan a sus delegados a tomar decisiones (y no a discurrir discursos) como la de conformar un ejecutivo amarrado a directrices a falta de desarrollo, sin enfrentar las políticas relevantes acostumbradas. En el derechismo, es ilustrativo el reaccionario empleo de la estrategia de la crispación, con concesiones a sentimientos elementales (o demagogia, sin coste para el poder constituido) para soslayar asuntos ligados a la corrupción, asomando por todas partes y a todas horas la pervertida cuestión de estado. Siendo más que deseable la inversión de la pirámide de poder y el desacato a más explotación por biológica coacción de la ultraderecha, no se debe obviar que sólo se otorga carácter urgente a las demandas sociales (de forma pasajera y no, como sería natural, permanentemente) cuando se necesita formar gobierno, tener presupuestos generales o afectar pasiones mediatizando la opinión pública. Las claves para responder a la pregunta de por qué millones de personas votan contra sus intereses las podemos encontrar, además de en el fragor electoral, en la disonancia cognitiva , o cómo el ser humano se convierte en esclavo de sí mismo: «cambiar de opinión a veces implica disociarte de esa comunidad». De ahí la búsqueda de argumentos para justificar la decisión del voto a emitir (o ya emitido) siguiendo una lógica condicionada por vínculos de parentesco comunitario.