Cómo va a ser la Tercera

Imagen: @_PANCREA



La Tercera va a ser la forma democrática de Estado con la que dejaron de entrar representantes de partidos políticos a llenar sus bolsillos, los de sus adjudicatarios y los de sus clientes. Para ello, las diversas capillitas republicanas que escudriñan el crimen ferpecto en que consiste la monarquía parlamentaria de elección general de los poderes estatales, se van a mirar de reojo para sincretizar una propuesta que minimice amenazas ideológicas —mejor que partidistas, malditas sean las siglas— e intentos de estancamiento y desestabilización. La Tercera va a ser el mejor homenaje a las legítimas intenciones de las dos repúblicas precedentes. Estas experiencias le van a servir para no dar pasos en falso, partiendo de la articulación territorial con la que estamos históricamente más familiarizados, más próxima en el tiempo y con más estabilidad según el propio monarquismo, no dejando ataduras que impidan andar o desandar camino en la permanente tarea de perfeccionamiento del pacto social y jurisdiccional suscrito por las comarcas contrayentes. La equidistancia entre el autoritarismo y el separatismo, o entre el centralismo y el confederalismo (o el estado plurinacional) no se halla en el autonomismo de subjetiva interpretación constitucional que padecemos, sino en un federalismo objetivo y orgánico, fiador de riego hacendístico, social (educativo, laboral y sanitario) y cultural —nótese que descentralización y endeudamiento son consentidos cuando el beneficiario es el sector privado—. Los jueces están para determinar lo que es posible, nada más y nada menos. Para hacer posible lo que aún no lo es, están los legisladores, pudiendo además fomentarse y reformarse el grado de autonomía o de dependencia respecto al ordenamiento común.

  En esta tarea de permanente renovación, a la Tercera le va a venir de perlas la implicación vecinal dispuesta con la futbolización política. La Tercera va a favorecer que la ciudadanía se reconozca en el Estado (puesto que no se reconoce en sus gobiernos) y al mismo tiempo pueda distanciarse de sus poderes con pensamiento propio y crítica constructiva. Lo cual deja fuera las apologías delictivas, incluidas las de guante blanco. La equidistancia entre totalitarismos (o dictaduras) es la democracia sin apellidos. A estas alturas de derbi banderizo, salvo por la menguante obcecación en la partitocracia alternante, la sociedad civil, una mayoría relativa de la misma que incluye a la abstención activa, tiene perfectamente identificados los atracos que se vienen perpetrando legislatura tras legislatura con ayuda multimedia. Se dispone un enfrentamiento que acapare la atención de la vecindad mientras se controla la sala de vigilancia —desde detrás— y se desplaza el objetivo de las cámaras para favorecer el desfalco, consumado de forma legal, alegal o ilegal, recurriendo en este caso a artimañas como la desaparición drástica de pruebas, testigos y posibilidades jurisdiccionales, el defecto de forma en los encausamientos, la amnistía legislativa en diferido o, en último ruego, el esteriotipado indulto para los enough big to fail. Tal es el potencial multimediático, que para esgrimir el dichoso artículo 155 en parlamentos autonómicos y, por tanto, en diputaciones, ayuntamientos y barrios —véase el reciente avasallamiento de guetos y suburbanos dormitorio—, bastaría con impedir el manejo de los medios por parte de autonomías, provincias y localidades que con tanta sutileza [des]informan en interés no tanto de las demarcaciones administrativas y sus instituciones como de los presidentes y alcaldes colocados por los partidos. Y lo mismo ocurre con las policías patrióticas, con las brigadas políticas. Cabe repensar asismismo el sentido de las asociaciones judiciales, ¿sería menos arbitraria la elección de los magistrados de la función judicial del Estado por votación de los jueces que mediante sorteo?

  El cuarto poder público es justo la función que no se intervino tras la colisión plurinacionalista de octubre de 2017 (únicamente en lo referido a la propaganda institucional del referéndum de autodeterminación del 1-O y días antes de su celebración, anunciada solemnemente a primeros de junio desde el Patio de los Naranjos del Palau de la Generalitat). Cualquiera que lea el texto constitucional relativo al art. 155 sabe que con Catalunya no se aplicó aquel precepto, después del convenido choque ya no era preceptivo (como manifestaran García-Trevijano o Anguita, aquí se traga todo). Sirva como acusatio manifesta la invención de los CDR terroristas al tiempo de la sentencia del procés y al compás de la agenda mediática, de manera análoga al mito de los maestros adoctrinadores durante la instrucción del golpe de efecto. Ni oblit ni indult de parte de los que amnistiaron un genocidio. Allí se aplicó otra norma difícil de precisar y que el soberano afecto al centralismo económico adelantó —¿quién demonios aconseja al monarca?— subrayando la socavación de la convivencia por parte de «determinadas autoridades» autonómicas, obviando la preeminencia del poder judicial sobre los ejecutivos catalán y español (el de ZP) con la sentencia sobre el Estatut en 2010, habilitando la encajadura golpista decidida con anterioridad a la esperada violencia en las calles que los tutores de M. Rajoy barruntaron, finalmente «inversa», con murallas populares pasivas e irresponsables. ¿Cuál hubiera sido el calado del Espanya ens roba desposeyendo a los representantes políticos del monto de la «publicidad institucional»? Supóngase asimismo el desarrollo económico de Madrid (social, urbanístico, financiero…) imposibilitando el libertinaje de prensa vinculado al caso Lezo en la comunidad que predica la Unidad compitiendo en escamoteo fiscal con el resto de autonomías.

  Un fiel reflejo del funcionamiento de la Unión europea que, sin necesidad de financiación por reservarse el derecho de crear dinero a partir de la obligación de estados prestatarios saqueados por el partidismo (y sus especializados técnicos), y a diferencia de las naciones, no tiene que rendir cuentas de su proceder para con los memorandos del Eurogrupo (los ministros de economía de los países de la eurozona). Las diferentes sucursales bursátiles de los holdings mediáticos se limitan a difundir la palabra divina de la troica capitalista una vez se ha hecho carne, su Verbo, el descenso repentino del dios Mercado que propicia el atropello de los pueblos por insuflación monetaria. La Tercera va a subsanar el crédito ilimitado a la opinión mediática y sus globos sonda, restaurando la opinión pública. Basta de escuchar perdones tras cada equivocación, de promesas de que no volverá a suceder. Se trata de abrigar a las leyes con la costumbre de ser cumplidas, de predicar con el ejemplo. De que la penitencia no se limite a un arrepentimiento de los promotores de la prisión permanente revisable (tercer grado o indulto humanitario para el prójimo político y cadena perpetua para el contrario). La soberanía nacional va a residir, pues, en la voluntad del pueblo de revisar y minimizar la complicidad de acreedores particulares (transnacionales) así como la ausencia de beneficio en las relaciones de mancomún.

  España incumple la disciplina fiscal europea de forma reiterada, con el austericidio que viene suponiendo el desfase de la deuda pública, precisamente desde la llegada de C. Lagarde al FMI y la aplicación del modificado artículo 135, a modo de 155 crónico a los españoles (efecto colateral de la pandemia neoliberal apreciable también en portugueses, italianos y griegos). Los cimientos rancios se asientan en la Unión Económica y Monetaria europea, los voladizos peligran en las globalizadas y gentrificadas metrópolis (únicamente en el aspecto financiero). La Agenda 2030 suena, como el resto de declaraciones de principios precursoras, al forzado engañabobos del momento al que es complicado no sumarse. Papel protagonista para sectores ahora privatizados con la sociedad civil de comparsa y cargada por encima de sus posibilidades. Más ruido mediático para ganarnos tiempo y agotarnos con el traslado de la responsabilidad. El objetivo de la antidemócrata UE ha sido históricamente nuestra rendición, la garantía para el poder económico de un desarrollo compatible —ni olvido ni perdón con lo que los democristianos reconocieron haber hecho al pueblo griego, inútilmente además—. Nuestro tiempo no vale nada si no podemos permitirnos el lujo de ensimismarnos, de ser plenamente felices por apenas un instante. ¿Cuándo dejaremos de oír campanas sin saber dónde? ¿Para quién las tañen? ¿Cuándo van a dejar los párrocos y vicarios de llamar al rezo a toda la población (lo mismo que los muecines en nuestras ciudades autónomas)? ¿Cuando no sean más que clérigos y monaguillos? ¿Llegará el día en que se anuncie con sirenas la entrada del sabbat? ¿Para cuándo una aplicación al respecto en los sofisticados celulares? ¿Acaso no llevan tiempo funcionando los donativos electrónicos? Los caminos del Señor no son inescrutables. Y la digitalización tampoco.

  Frente al señalamiento de las pajas de los nacionacionalismos vasco, catalán, gallego, andaluz, valenciano, canario, leonés, navarro, aragonés…, cabe reseñar la viga del nacionalismo religioso, católico y en constante contrarreforma, en que se funda España. El summun de este desarrollo fervoroso lo encontramos en los estados iraní, saudita e israelita, de ahí el hermanamiento con nuestra no-dictadura a través de Vox, para hacerse oír los credos abrahámicos. ¿Qué comportamiento nacional e internacional puede esperarse de quienes persiguen a los infieles dentro y fuera de sus fronteras? En el punto opuesto tenemos a China y a la dinamitada Unión Soviética. Bielorrusia, p. ej., prohibe las «actividades de las organizaciones confesionales, sus órganos y representantes» que atenten contra la «armonía cívica» o las «libertades civiles» en el art. 16 de su Constitución (la que ahora Putin conmina a reformar a Lukashenko, para la galería occidental y en relación a la libertad económica ajena y el volumen de negocio ruso). La neutralidad entre el ateísmo de Estado y el confesionalismo, no se ubica en el aconfesionalismo, en el trato de igualdad a las religiones (que en nuestro país no puede darse por tradiciones franquistas como el Concordato con la Santa Sede reeditado en 1979), sino en el laicismo, en el trato de igualdad a los ciudadanos, creyentes o no. El laicismo no discrimina a las confesiones, son los credos (creyentes como los Abogados Cristianos o los Demócratas Cristianos, con mayor intransigencia en el catolicismo que en el protestantismo) los que no digieren bien las libertades de pensamiento y expresión. Los laicos no están en contra de los clérigos (salvo cuando no se someten a las leyes humanas, como en el caso de la Pederastia Cristiana), sino del clericalismo, inseparable del militarismo como el amor del odio. Desde una dictadura no se puede transitar a una democracia sin ruptura con el monstruo latente que asoma periódicamente a través de los Tejero, Armada o Pérez de los Cobos. La equidistancia entre ambas formas de gobierno se geolocaliza con escrupulosa precisión en nuestra monarquía borbónica. La Tercera va a ser la conquista de salud democrática por el bien del globo.