«Me dirijo a usted sencillamente con el saludo de un vagabundo que, al igual que usted, camina en la oscuridad, pero que conoce la luz y la busca.» | Hermann Hesse (1943)
Las limitaciones para los países miembros de la Unión Europea (UE) referidas en Maastricht1↓ de 60% de deuda y 3% de déficit (ambos públicos y en relación al PIB nominal), unidas a la teórica prohibición de dar rescate a los socios que se ahogan en deudas —convertida en negocio de los bancos privados por las condiciones favorables en la compra de deuda pública—, junto a la imposibilidad de obtener ingresos estatales por financiación privilegiada o monetización del déficit vía banco central nacional tras la apropiación del señoreaje por parte del Banco Central Europeo (BCE), y al acotamiento de punto y medio porcentual en torno al promedio inflacionario de los países con registros menores, comportan fundamentalmente la disciplina fiscal de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Superado de boquilla el escollo de la esperable crisis en la eurozona, la nueva «refundación europea», liderada por el eje franco-alemán tras la notificada intención de los usuarios de la libra esterlina de no participar en la tercera fase de la UEM (doble juego que se viene practicando desde octubre de 1996 y hasta la invocación en marzo de 2017 del artículo 50 del tratado de la Unión, con el plazo de dos años para la concreción del Brexit ya expirado), viene caracterizada por la pérdida competencial de las administraciones públicas en política fiscal, con iniciativas europeas aplaudidas por los gobernadores de los bancos patrios matrices (difícilmente ocuparían su puesto sin compartir lo dispuesto en Frankfurt am Main, conocida es la inacción traducida en que caiga España para con los entes en coyuntura económica de prequiebra) como la creación de una coercitiva Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la armonización del Impuesto sobre Sociedades, o el engranaje único que posibilite la «unión bancaria» (ahondamiento en el trasvase de poder desde los ministerios de los ejecutivos hacia los asentamientos del BCE).
Reformas estructurales que seguirán siendo profundizadas a partir del 1 de noviembre, bajo el mandato presidencial en la Comisión Europea (CE) de la exministra de Defensa de Alemania, la democristiana Ursula von der Leyen, y en el BCE, de la novel, con uve, en banca central aunque prodigada en comunicación política, la derechista gala Christine Lagarde. Con el riesgo creciente de costear primas en forma de reducción del caudal productivo derivado de la tirantez nacionalista y el proteccionismo (también en cuanto a objetivos climáticos con la patente oposición de Hungría, Estonia, Polonia…), la jurista francesa contará para su cometido en Fráncfort del Meno con Luis De Guindos como número 2, exasesor de Lehman Brothers y responsable de la cartera de Economía durante los gobiernos presididos por el empedernido lector de diarios deportivos que fuera botado (sin él rechistar) después de congelar durante años el SMI , llevando la Seguridad Social a la quiebra técnica con una deuda de 100.000 millones de euros tras fundirse las huchas habidas y por haber para provecho de los planes de pensiones privados. En un alarde de simplismo liberal-feminista y tras las sucesivas renuncias del resto de candidatos por orden contranatural de cualificación técnica, completará la troika de las Women in Black la búlgara sin mácula partidista, Kristalina Gueorguieva. Se remata de esta manera el vuelco identitario pretendido con el Informe de los Cinco Presidentes (Comisión Europea, Eurogrupo, Consejo, Parlamento y BCE) que empleara el eufemismo de «completar» el proceso de cohesión —emparentado con la máxima «too big to fail»—, constatando la muda de las primigenias directrices de cooperación, derechos (libertad) y financiación pública, en las de competitividad, seguridad y austeridad social.
La investigación a la abogada exministra de finanzas de Sarkozy por la justicia de su país en 2011 (siendo Lagarde declarada culpable de negligencia sin pena ni gloria cinco años después), como resultado de la no mediación en nombre del interés general en el affaire Adidas entre el tránsfuga político y beneficiario de puertas giratorias, Bernard Tapie, y la entidad semiestatal Crédit Lyonnais, no fue, ni mucho menos, impedimento para que la candidata a dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI) que acaparaba en ese momento las portadas de revistas —siendo borrado el rastro de sus joyas también con Photoshop—, llegara a ocupar el más alto cargo en la institución nacida en 1945 para controlar la balanza de gastos. FMI que fuera asimismo milagrosamente dirigido por nuestro Rodrigo Rato, desde la llegada a Moncloa de Rodríguez Zapatero hasta ser conocida la insolvencia de American Home Mortgage en 2007, antes de ser designado para gestionar Caja Madrid, sacar a bolsa Bankia e ingresar en la prisión de Soto del Real por la opacidad fiscal de tarjetas de crédito que cargaban indiscriminadamente gastos a una cuenta de quebrantos. Será durante estos años, como consecuencia de la crisis y posterior estafa financiera consistente en la transferencia de la deuda privada hacia el erario público, empezando por los Landesbanken, las Sparkassen (el vaciado de sucursales y de su función social ya es negocio en los países del Atlántico Norte) y la nacionalización de entidades demasiado grandes para caer como el Commerzbank, por decisión de Angela Merkel (o AIG tras la caída de Lehman Brothers, por decisión de George W. Bush), cuando la prensa a sueldo empiece a impartir cursos acelerados de economía y a difundir (masivamente) el intimidador apelativo de troika, en alusión a los delegados de CE, BCE y FMI. Un mes después de la incorporación de Lagarde a la gerencia de este último acrónimo, se producirá la modificación express del artículo 135 de la Constitución Española, con el consentimiento de Sánchez Castejón y la abstención de los partidos razonadamente autonomistas CiU y PNV pese a la centralización presupuestaria entrañada, probablemente con la esperanza de negociar separadamente mecanismos excepcionales de la ulterior ley orgánica para la obtención de fondos extraordinarios de liquidez autonómica .
En el errado afán de constitucionalizar la estabilidad, y no digamos ya de la voluntaria solicitud de rescate o endeudamiento perdurable —por boca de ganso, la del liberalismo desbocado— de los gastadores a espuertas con la tarjeta de todos para cualquier fin que no sea el social, se pretende ahora recrudecer el déficit de soberanía popular poniendo puertas al campo del constitucionalismo social y dando la bienvenida al constitucionalismo económico, de suerte análoga al sesgo de los artículos continentes de derechos civiles y económicos durante la República de Weimar —«a mí un comunista no me roba» debieron pensar los nazis—, en el contexto del ordoliberalismo alemán de entreguerras. La escasez de demócratas durante aquel período imposibilitaría la continuidad de aquella carta magna dando pie a la Ley habilitante de 1933 al objeto de «acabar con la penuria del pueblo» y dar al traste con el código fundamental de 1919, un mes después de la mutilación de sus libertades. Es disparatado pretender dar con una fórmula procedimental para la democracia, de manera resolutoria, en forma de contrato social imperecedero (en oposición a pacto social permanentemente renovable). Existe y debe existir cierto grado de inestabilidad, especialmente ahora, que nos recuerde que no todo está en su sitio (p. ej. nuestros muertos); expresado en términos termodinámicos, sin diferencia de potencial térmico, sin entropía o desorden, no podría acontecer ningún fenómeno, el sistema sería inerte. En cualquier caso, experimentamos el enésimo apaño del marco legal para una economía social de mercado que únicamente asume errores de comunicación, como sería el no haber informado antes acerca de las emisiones contaminantes de Volkswagen, a costa de ofrecer una mala imagen del capitalismo renano —pasando a hablarnos en un abrir y cerrar de ojos de Green New Deal con Greta Thunberg de la mano—. Sea cual fuere el aspecto que cobre el nuevo liberalismo, la senda de déficit dispuesta para el común comprenderá las pendientes de la deuda pública, el desempleo endémico y la pugna inflacionaria, mientras el terreno para las marcas empresariales seguirá siendo allanado. Muros para unos, salvoconductos para otros.
Consecuencia inmediata de la sustitución de los hipotéticos techos de deuda y déficit en la fórmula para el Crecimento (%) = 100 x Déficit / (Deuda – Déficit), es una tasa de crecimiento sostenida en el 5,26%, que consolida la desigualdad por acumulación de riqueza, indicando la salida hacia la mal entendida globalización (o semiglobalización) y la desleal, desde el punto de vista humanitario, competencia salarial —aunque se vitoreen las condiciones de trabajo esclavo —. Eso obviando las crisis periódicas características del rumbo capitalista (las de ciclo medio o comercial de un lapso en torno a la década) y que las leyes del mercado liberal de oferta natural y demanda generacional son sistemáticamente despreciadas, inflando los precios para obtener el rendimiento económico deseado (adulterado mercadeo en los oligopolios de los sectores estratégicos). En la práctica, han transcurrido diez largos años desde el pinchazo de la burbuja inmobiliario-financiera (traducido en 2009 en un déficit del 11% de PIB) hasta conseguir estabilizar el déficit público español (alcanzar el umbral del 3%), a costa de disparar la deuda, incumpliendo crónicamente las restricciones dispuestas por la UE, con lo que ello supone para nuestro sistema nacional de salud, la enseñanza de nuestros infantes y jóvenes, la temporalidad y precariedad de nuestros trabajos, las pensiones de nuestros mayores, las prestaciones sociales para todos y el acceso a la justicia en un entorno de riesgo de pobreza creciente, con un Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) depauperado en relación a un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ya de por sí reducido con respecto a los países de similar capacidad en la Zona Euro.
La popularización del capitalismo durante el proceso privatizador que renunciara (en nombre estatal) a los ingresos patrimoniales y colocara los tipos de interés al servicio del sector privado, tanto en su fase socialdemócrata como en la liberal, pretendida a través de la reserva de tramos de acceso a la propiedad empresarial para los pequeños ahorradores, tampoco puede justificarse en la limitación de la subvención pública y la reducción del déficit estructural (demostrándose efímera en el mejor de los casos). Las nuevas opciones promocionadas culminaron con las fraudulentas participaciones preferentes. Por mucho vendehúmos predicante del Europa va bien que haya, el desarraigo ideológico es imparable en las generaciones que se lleva por delante la «tendencia secular» desmedidamente envejecida que desacredita la innovación (alargando el ciclo de onda larga). Por mucha catequesis recibida, el pueblo tiene perfectamente identificadas las deficiencias en los ingresos (infravaloración en la venta/alquiler de bienes y concesiones administrativas, estructura impositiva, elusión y fraude fiscal…) y gastos públicos (sobrevaloración y sobrecostes en concesiones, rescate y subvención a afines, mordidas como norma en la tesorería de los partidos por urbanización/industrialización/desprotección de suelo/terreno…); así como la interesada desinformación sobre hacienda, macroeconomía y política económica como parte del desempeño de la oligarquía . Recordando cómo los medios de intimidación consiguieron dividir a Tsipras y Varoufakis sobre la legitimización de la deuda execrable, convendría acompasar los suspiros de las deudocracias de Portugal, Italien, Griechenland y Spanien, aunque sólo fuera para desbaratar la reiterada justificación político-mediática de la «cuestión de estado». Será un disparate renunciar a la condición europea, como manifestara Rajoy en una conocida emisora de radio, cuando los prestatarios PIGS echen a volar.
1↑ «Valores de referencia» especificados en el Protocolo n.º 12, Artículo 1, sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, y aludidos en el Artículo 126.2 (antiguo artículo 104 TCE) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dentro del Título VIII sobre Política Económica y Monetaria.