Violencia solamente

«Las finanzas son un arma; la política es saber cuándo apretar el gatillo».
Enzo Robutti (‘don Licio Lucchesi‘) en el drama El Padrino III de Francis Ford Coppola (1990).

La obsesión de los estados corporativos por encasillar a la ciudadanía con calculado electoralismo tiene gran responsabilidad en la vigente deformidad conceptual, dificultando a la plebe y a sus tribunos la conciliación del granjeable modelo social. Desde las primeras muestras de capacidad altruista en el género Homo (imperando la ley del más fuerte), el arquetipo de sociedad ha ido evolucionando hasta el denominado estado de bienestar que las ciencias políticas modernas no terminan de concretar por las diferencias tribales, aunque ineludiblemente relacionan con el derecho a la vida (y por ende a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, etc.), en clara pugna con los derechos económicos y los deberes civiles y políticos. Y digo deberes por el manifiesto retroceso y recorte de libertades en los reformados códigos penales y constitucionales que nos llevan en dirección a los tiempos de los cazadores y recolectores neandertales, reivindicando por ello el derecho a odiar la indiferencia de los sujetos sin aptitudes empáticas para el que no tenían restricciones los miembros indefensos de entonces.

  El difuminado techo de cristal para las mujeres en los estados y estamentos punteros con nombramientos como el de la Canciller con más peso en la UE, Angela Merkel, la Directora del FMI, Christine Lagarde, la de la CIA, Gina Haspel, o, en menor medida, la de la 1ª alcaldesa de Madrid, Ana Botella —que nos deleitara, además de con el «relaxing cup of café con leche», con aquello del «credo político de unos puntos muy claros que son Grecia, Roma, el cristianismo y Europa»—, sirve al menos para recordar las evidentes deficiencias feministas y genéricamente igualitarias de nuestro patriarcado visigótico, similar al ostrogodo de Italia o al bizantino de Turquía y Grecia (el no sometimiento del príncipe a la ley, recogido en el Corpus Iuris Civilis, es legado de Justiniano), cuya mitología de héroes y dioses ha pesado más en el desarrollo civilizatorio que la demanda de valores democráticos no efectiva para «toda persona» hasta el siglo XIX con los derechos de sufragio pasivo y activo (prolongada hasta 1948).

  Tampoco se debe obviar la ausencia de derechos jurídicos, politicos o de desposorio (de estricta fidelidad) para la mujer ateniense bajo tutoría paterno-marital, la existencia de gineceos como la Sección Femenina, la desposesión hereditaria de las epícleras —no así de la mujer espartana— o la limitación de la medra social a la cortesanía de las hetairas, para consumar como popular la lucha feminista pasando cargo al poder establecido con la debida reestructuración legislativa —y que no se quede en concesión demagógica la reciente sentencia de nuestro tribunal más divino al respecto de la renombrada piara—. Como modelo de logro social y paralización de un país , también para entender la plusvalía marxista y los costes de producción a descontar de los beneficios empresariales, tenemos el «día libre» de las mujeres islandesas, en oposición al feminismo liberal nipón —y a su mitificada (en Occidente) concepción de la huelga— donde la paridad en la formación universitaria de estereotipados sectores (también en cuanto a becarios) tampoco se ve reflejada en el liderazgo empresarial y político.

  La reivindicación igualitaria frente a toda forma de discriminación y violencia guarda relación con el nacimiento de los estados y éste a su vez con la preservación del patriarcado. La interesada apropiación por parte de los princeps protestantes de la dirección de las iglesias rurales y de ciertas exigencias de Martin Luther (para el retorno a los valores cristianos y el rechazo de las perversiones católicas) propició la aparición del «Estado nación» al tiempo que el declive del régimen feudal como necesidad de organización político-territorial en torno a un gobierno, tras la Paz de Westfalia del perdón general y el olvido de las deudas a la finalización de la Guerra de los Ochenta Años. Las Diecisiete Provincias bajo el dominio del ducado de Borgoña y heredadas por Felipe II (que no era bien visto como imperator), no pudieron sostener la situación de tensión favorecida por Francia e Inglaterra y agudizada por la división entre el norte y el sur (calvinista y católico), predisponiendo la definitiva sublevación el Tribunal de los Tumultos (o de la Sangre) instaurado por el III duque de Alba —y aprobado por el monarca español— que juzgó por rebelión a los responsables de la quema de imágenes de santos católicos. Un mejor desenlace para los intereses neerlandeses que para las Comunidades y las Germanías españolas llegaría con la firma del Tratado de Münster entre España y las Provincias Unidas, con la independencia para la República de los Siete Países Bajos Unidos (de los talibanes católicos) en 1648.

  El cuestionamiento de las donaciones a la Iglesia cuando todavía no existían los estados aconfesionales y de la eficacia de las indulgencias con los poderosos, quedó acreditado por Lutero en la entrada número veintisiete de las Noventa y cinco tesis en la que polemizaba con el catolicismo de la siguiente manera: «Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando». Recientemente, la alabanciosa y personal donación de Amancio Ortega para seguridad social —la suya, hay que ser lameculos u olvidadizo del refrán «nadie da duros a cuatro pesetas» para aplaudirla— de 320 millones de euros repartidos para todas las CC.AA. un día después del TAC (Término de Ajuste de Conducta) aplicado a Zara por condiciones laborales de trabajo esclavo en sus cadenas de producción brasileñas (con la consiguiente sanción millonaria), se quedó lejos de los 585 millones achacados por la ONGD Oxfam Intermón a la elusión fiscal de Inditex entre 2011 y 2014 en concepto de regalías por el uso de la marca en Países Bajos, Irlanda y Suiza. El mismo Tribunal Supremo que cerró la puerta a la retroactividad en la restitución de los abusos hipotecarios, se encargó de subrayar como «una cuestión de interpretación de la norma» el extraordinario reintegro a Hacienda de 33 millones de euros tras la velada amenaza de conjeturar con las dificultades derivadas de afrontar el pago por parte de la mayor compañía española en bolsa.

  Uno más de los acostumbrados casos de explotación (y de represión a los denunciantes de la opresión) a través de la economía y su respaldo jurídico-político que denota la violencia vertical (en cuerpo y mente) de la propia estructura social que a modo de avalancha termina expandiéndose transversalmente al alcanzar el estrato inferior. Se trata de la violencia implícita en las decisiones del poder político y económico a la que aludía don Lucchesi en «El padrino III», que, si bien no precisa de apellidos, suele tener su origen en el gatillado de algún negocio elitista, y que los dones no reconocen como propia amparándose en las impredecibles consecuencias —salvo en el caso de la «violencia inversa» catalana, claro—. Por ello no tienen inconveniente en ir planteando diferentes epítetos para la violencia del entorno íntimo de la pareja, gradualmente percibida como doméstica, intrafamiliar, de género o machista, perseverando en la discriminación verbal e institucional de la ejercida en los contextos lgtbi y en la omisión de los casos violentos que quedan fuera del etiquetaje, como prueba del corporativismo que hace ascos por norma a parte de la sociedad.