Por lo oído y leído estos últimos días, no soy el único al que dejó descolocado el masivo toque de retreta (término importado del francés retraite por Felipe V de Anjou en 1718) para la vida pública del exmonarca Juan Carlos de Borbón, ya desmerecido en 2014 aunque embutido en el traje de rey emérito que le ha permitido conservar cierta excelencia —no así a su yerno— mediante la figura del aforamiento y el bloqueo a las comisiones de investigación sobre la procedencia de su fortuna (concerniente al período posterior a la inviolable Jefatura del Estado, tras el presunto acogimiento a la inconstitucional —desde 2017— amnistía fiscal de Montoro por las presuntas mordidas desveladas por Villarejo con las grabaciones a Corinna en 2015), gracias a la fidelidad del psocialismo monárquico y a su voto comulgante con el de la democracia cristiana y el del liberalismo absolutista. Coincidente en el tiempo con la inexcusable abdicación del demérito en su retoño es la eclosión de la Red Floridablanca o think tank liberal-progresista (como complementación, más que como contraposición, a la liberal-conservadora Fundación FAES), cuyo nombre se inspira en el primero reformista y después reaccionario político español José Moñino y Redondo, I Conde de Floridablanca por gracia de Carlos III (el soberano con quien se identifica el ciudadano de inmérita elección también para la Capitanía General de todos los ejércitos, Felipe de Borbón), en el mismo momento que el puntual liderazgo unidita-podemita sobre intención de voto en el CIS, transfigurando en proféticas las regias disculpas del «mirlo blanco» en 2012 tras el sonado safari paquidérmico: «lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir».
Una vez conocida la justificación de los magistrados del Tribunal Supremo (dando legitimidad a las Juntas de Defensa Nacional en el territorio controlado por los golpistas al inicio de la Guerra Civil, «la significación de don Francisco Franco Bahamonde […] que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936») nombrados por el propio Sire en 2013 (de prestado en sus cargos si nos atenemos a la restricción a «un período de cinco años» establecida en el artículo 122.3 de la Constitución) para no exhumar al dictador en la fecha prevista (10 de junio de este año), y teniendo presente el creciente eco republicano sobre la condición sine qua non para la restauración borbónica de legitimar (en 1969) el Alzamiento militar del 18 de julio de 1936, parece lógico pensar que la sustracción de jefatura estatal a don Manuel Azaña Díaz responde y se corresponde con el acercamiento a los trámites finales sobre ¿movilización legítima o alzamiento violento? del tildado por no pocos como judici farsa. De manera análoga a la que incide ahora la Fiscalía del Estado en la causa contra el Govern del Parlament, pecó en 1938 el Cuñadísimo —de Carmen Polo—, Ramón Serrano Suñer, atribuyendo en Orden Ministerial la rebelión a las víctimas por oponerse a los facciosos, que, legitimados por la supuesta inconstitucionalidad del Parlamento, «no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley». En cuanto al futuro del «núcleo político» —detenido o exiliado— que impulsó la «hoja de ruta» con el documento enfoCATs y la agenda Moleskine (del período 2015-2016 jurídicamente inhábil para valorar la existencia de violencia), lo previsible a día de hoy es lo mismo que se preveía hace dos años cuando Rajoy se cruzó de brazos delegando en el poder judicial: que la máxima aspiración posible de los autodeterministas en su causa, con el vigente Consejo General del Poder Judicial, es la del indulto del Gobierno —como los concedidos por el ejecutivo de González al dirigente golpista del 23-F, Alfonso Armada, por el de Aznar a los condenados por los GAL, Vera y Barrionuevo, o por el de Zapatero al vicepresidente del Banco Santander.
Sobre lo que se puede esperar del morador del Palacio de la Moncloa, dependerá de los avales recibidos y de la composición del ejecutivo —todavía en el aire—, que, a modo de anécdota, desde la llegada al trono de Juan Carlos I, al respecto del Sáhara Occidental y a diferencia de lo que ocurre con Catalunya y Euskadi, viene repitiendo invariablemente año tras año aquello de: «una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas». Y es que esta aparente concesión, traducida en abandono e indefensión del territorio saharaui como letra de cambio por el préstamo saudita de la dinastía Āl Saʿūd en 1977, en comunión con los intereses estadounidenses y marroquíes, ratificó la entronización de la Casa de Bourbon —superpuesta en el testamento de Franco— en nuestro país. Lo que ya conocemos del actual presidente en funciones, hechos constatados como el firmado en febrero de 2016 con Ciudadanos (Cs), son sus intenciones cambiantes dependiendo de la proximidad del apoltronamiento gubernamental, como la de derogar la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (o Ley Mordaza), siendo la única supresión practicada la del artículo publicado en su web que la motivaba. Como también son públicas y notorias las cacareadas posturas electoralistas al respecto de invalidar la reforma laboral o publicar la lista de amnistiados fiscales, que, una vez en el timón del Argo —me viene a la mente Zapatero excusando la «diferente perspectiva» presidencial—, pasan al plano de lo aplazable, de forma paralela al ahondamiento en el retraso democrático en cuanto a exaltación fascista y golpista.
Y para regreso al punto de partida en que consiste el florecimiento de un conflicto que silenciara las reivindicaciones sociales al tiempo que tapara las ramificaciones corruptivas con la atribución pujolista del Espanya ens roba y la recíproca acusación españolista de golpismo al proceso soberanista catalán —previamente a la jornada de autos dispuesta para el referéndum y pateando la acepción «golpe de Estado» del diccionario de la Lengua Española—, y pese al afán por encontrar la violencia idónea (el envío de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional a la sede de la CUP sin orden judicial el 20 de septiembre, así como los pretextos ofrecidos por el juzgado de instrucción nº 9 de Barcelona sobre este hecho son muestra de ello) para el premeditado encaje del delito de rebelión, la Fiscalía se ha visto obligada a elaborar la teoría de la violencia inversa o resistencia más o menos pasiva de «murallas humanas» de votantes que propició la brutalidad policial, en cualquier caso —siempre desde la visión españolista — prevista por el Govern, en connivencia con el Parlament y bajo la supervisión de los Mossos d’Esquadra, cuyos 17.000 efectivos al servicio del plan de rebelión «se borraron», socavando la armonía y la convivencia en la sociedad catalana, y generando desasosiego en los que alentaron el «a por ellos», a por las 1.093 víctimas (93 de ellas, según Soraya Sáenz de Santamaría, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad). ¿Es o no es para que el rey se ofenda por una izada de bandera?