No nos engañemos, ante la perspectiva de españolizar aún más la ya españolizada, derechizada y liberalizada patria, y de que vayan en aumento las exhibiciones del nacionalismo español más incivilizado y retrógrado, sus justificaciones y sus falacias histórico-mediáticas , pues nada de ello ha sido erradicado, cada vez más ciudadanos de los que nos trata de hacer creer la opinión mediática —adulterada también por sondeos cocinados del CIS de turno—, son partidarios de portugalizarla, de que se apueste por lo social frente a lo liberal; y de catalanizarla, de que despierte interés en la ciudadanía por participar en la construcción de un modelo nuevo de articulación y gestión de lo público. Cuestión aparte es que ‘la voz de su amo‘ vaya a cejar en el empeño por desinformar, a pesar del descrédito alcanzado por RTVE o de la prolongada caída en bolsa de los títulos de Atresmedia y Mediaset desde la aplicación del 155 —y no creo que el depósito de 100.000 euros por Inda ayude.
Echando una ojeada a los resultados electorales del 26J-2016 uno puede hacerse idea de los millones de españoles para los que no debe suponer un esfuerzo hablar en estos momentos de catalanizar España, por tratarse en gran medida de políticas propias. De ahí, probablemente, el tesón periodístico en criminalizarlas, para evitar acercamientos. Hablo del derecho de autodeterminación, de una república como forma de gobierno, de poder modificar la articulación institucional y la organización territorial, de una cámara de representación territorial y no de representación del ejecutivo como ocurre con el actual senado, así como de una desvinculación efectiva del estado con la inviolabilidad borbónica y con la confesión católica. Léase p. e. lo que dice la Constitución Española en su Artículo 16 , «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones«. También es más que cuestionable el Artículo 27.3 sobre el derecho a recibir formación religiosa, cuando menos por lo que concierne a que sea el Estado el que deba proporcionársela. ¿No haría «hijo de condenación» a su pueblo un estado teocrático que profesara culto a una religión descaminada? El artículo habla de «garantizar el derecho» por parte de «los poderes públicos«, frente a, por ejemplo, el «derecho a disfrutar» de una vivienda digna de «todos los españoles» —y de todos los habitantes de la galaxia, supongo.
Recientemente se ha hablado más que de sobra del «espejo perfecto» en que consistía la gracieta —de buena acogida entre falangistas— de Tabarnia. Y, una vez esclarecido el pastel , menos de lo necesario de los cacareados adoctrinamientos y de la impudicia del nacionalcatólico que recoge ahora los dividendos, así como de los incumplimientos constitucionales al respecto de la inmersión de las distintas modalidades lingüísticas de España, cuya riqueza «es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.» (Artículo 3 ). Por lo que se ve, en estos espejos no se reflejan. Ni en estos ni en el de los unionistas irlandeses del «Towards a United Ireland», supongo que por ser obtuso el ángulo de incidencia —porque no quieren mirarse, vaya.
Una península superior en extensión a cualquier estado de la Unión Europea y dividida administrativamente en dieciséis territorios (contando la república unitaria de Portugal). Dos archipiélagos, uno en el Atlántico y otro en el Mediterráneo, cuyos PIBs por separado proyectan mayor soberanía que las repúblicas de Cabo Verde y Malta juntas. Y dos ciudades autónomas que usurpan, geográficamente hablando, con el empleo de concertinas, el norte de África, y cuyo mantenimiento ha establecido vínculos lucrativos entre muy diversas partes entre las que obviamente no figuran ni los migrantes que tratan de cruzar la frontera —precisamente por existir— procedentes en su mayoría del sur del Sáhara, ni los ciudadanos del Sáhara Occidental que ven cómo en su conflicto soberanista con Marruecos pesan más los presentes de Mohamed VI —ahí está la finca de Marrakech a nombre de Corinna— que las razones meramente político-históricas. Todo ello sin menoscabo para la relación entre dos estados que comparten cordialmente cuchillas, drones o los sistemas de seguridad que la UE disponga o financie en sus fronteras atendiendo a las circunstancias.
Un régimen de connivencia y permisividad con la corrupción perpetuado en el tiempo, con evidentes señales desde las mismas instituciones como los procesos judiciales, amnistiadores cuando es necesario, o el blindaje de los aforamientos primero para la figura del rey demérito (en 2014, con el PP gobernando en mayoría) y ahora para los políticos del búnker, que no olvidemos, además de ser responsables por mandato constitucional —Artículo 64 — de los actos refrendados al rey, se ven inmersos en diferentes procesos judiciales por la práctica totalidad de supuestos de corrupción. Las instituciones, acaparadas y aprovechadas por los mercados —negros—, no pueden cumplir la ley, el actual sistema es incapaz de hacer cumplir leyes «sin costumbre que las ampare», como diría Quinto Horacio Flaco («¿Cómo ha de aprovecharse la ley sin las costumbres, y que traiga en tal apoyo su mejor abrigo?»). En este escenario, en un saco roto, ¿quién quiere seguir tributando?
Si a la corrupción de unas instituciones centralistas añadimos la pérdida de soberanía con la modificación de la Carta Magna en su artículo 135 —especialmente de la ciudadanía que no goza de privilegios como tributar al 1%—, lo que hacemos es alejar todavía más de nuestro entorno el erario público y la posibilidad de controlarlo de cerca. En julio de 2014, Bélgica acometió su sexta reforma del modelo de estado, tras casi dos años sin gobierno, en conflicto con la región de Flandes. El salario mínimo en Bélgica es de 1.562 euros, si al menos nosotros tuviéramos una soldada flamenca… Al final y al cabo, estuvimos siete años con el ya tal Eme Rajoy de la niña paseante «sin complejos» con sus 735 euros de salario mínimo.
* A día de hoy los dos estados soberanos que habitan la península no han sido capaces de confluir en una (con)federación de territorios abriendo las puertas a una ‘Commonwealth’ iberoamericana en Europa que sirviera además de contrapeso frente al BCE y al FMI para el sur —¿o debería decir sub?— del continente.