Habiéndose ganado el descanso con creces, ha dejado de sufrir el corazón del coordinador de la izquierda indómita pero comprometida. Hay quienes dicen que lo cómodo es defender las convicciones desprendido de las obligaciones y posibilidades de diputados y senadores, incluso quienes no reconocen la política fuera de las instituciones y tratan de anular la militancia civil en partidos, sindicatos y colectivos —más allá de WhatsApp—, bien dificultando su existencia, bien amarrándola al aparato de Estado para formar el todo monologante de los agentes sociales que lidera la patronal. Lo cierto es que hay dirigentes que nunca se retiran de la actividad y la prueba son Aznar y el sinfín de fundaciones afines alimentadas desde la Administración estatal, o el más humilde Colectivo Prometeo donde Julio Anguita nos dejó la hoja de ruta antes de marchar. Unos reforzando la simbología a fuerza de talonario, revisionismo y reiteración goebbelsiana, y otros alumbrando a través del conocimiento socrático para fortalecer la motivación y capacidad cívicas, proporcionando instrumental para «incorporar a la ciudadanía» y que sea ésta la que resuelva los conflictos por sí misma.
Sobre los símbolos decía Julio, «cuando son la base del sentimiento identitario es porque no hay contenido», aludiendo tanto a la rancia democracia cristiana como al izquierdismo repartidor de carnés de clase media (en sintonía con la socialdemocracia de Schröder, el partido laborista de Blair o el demócrata de Clinton) que tras recibir el voto del miedo al [presunto] contrincante y sirviéndose de un lenguaje engañoso termina practicando las políticas liberales que no serían consentidas viniendo de su alternante. Ejemplo reciente es la intervención de internet «a cualquier nivel» que queda para el que venga detrás. Y es que una cosa es la búsqueda permanente de denominadores comunes inherente al progresismo y otra bien distinta son las tragaderas o, como denomina a la renuncia de principios el parsimonioso conservadurismo, la cintura política con la que únicamente se llegan a abordar los aspectos más lesivos del neoliberalismo y bajo presión circunstancial. Es por ello que el enemigo declarado de Anguita era el bipartito y lo que esconde. En un régimen de elecciones generales donde el ganador asume —casi siempre— el control de los tres poderes, la autoridad económico-financiera y mediática se vuelca lógicamente en el manejo partidista, basculante para cubrirse las espaldas.
Referencias destacadas de supuesta finalidad social dedicada a la propaganda de la partitocracia y el clientelismo son la actividad de las diputaciones provinciales y el comportamiento de las cajas penalizadoras del ahorro con estafas preferentes y despilfarro vía cuenta de quebrantos apareadas a saneamiento público y absorción privada. La ausencia de elección directa y nominal desde la sociedad civil para sus nombramientos (únicamente eligen lista cerrada de partido las juntas forales, cabildos y consejos insulares) así como su función esencialmente distribuidora de fondos y subvenciones, revelan el ejercicio de un poder meramente económico. Pauta electiva que se reproduce en los diferentes ámbitos administrativos para las herramientas al servicio de los ejecutivos (y no de la ciudadanía) como tribunales de cuentas, defensores del pueblo y comisiones nacionales y regionales que terminan asumiendo las competencias para dilucidar la legalidad de prácticas financieras y mercantiles de grupos de inversión, oligopolios energético-vitales o casas de apuestas. Del mismo modo, agencias de noticias y resto de sociedades, institutos y centros con desempeño público. Todo ello sometido al Consejo General del Poder Judicial designado por el poder legislativo a su vez sujeto al poder ejecutivo y a los imperativos de los partidos.
Resulta ilustrativo que hubiera consenso para no ir a terceras elecciones, que se intentara evitar la coalición finalmente investida y que se bombardeara al gobierno una vez arrancada la legislatura, «ilegítimo» por coaligarse, para exigir otro diferente de concentración nacional. El singular blindaje del sistema electoral en la Constitución denota una fórmula política preconcebida. Representación proporcional, límite de diputados y circunscripción provincial, correspondiendo al rey la convocatoria y disolución de sendas cámaras, tradicionalmente al tiempo y con la ley externa posibilitando las listas de partidos plurinominales y cerradas (por las marcas electorales). Con el bipartito molesto por las coaliciones plurales y de acuerdo en reforzar la gobernabilidad de la fuerza más votada (como ocurrió en Grecia para desalojar del gobierno a Syriza), ahondando las contradicciones de un sistema [semi]proporcional e indirecto —o dedocrático como diría Forges— con pretensiones mayoritarias. Por otra parte, admitiendo métodos que combinan proporcionalidad y progresividad como el ideado por el jurista Víctor d’Hondt para la asignación de escaños, no es comprensible que se establezcan tramos económicos para la contribución a la hacienda pública, salvo que sirvan al objeto de la elusión fiscal y la demagogia de somos la izquierda o somos la derecha cuando son alterados.
El régimen constitucional, vacío de garantías desde el momento que la Unión Europea asume competencias económicas sin uniformidad fiscal (Maastricht, 1993), obliga a los miembros del gobierno de turno a prometer una carta magna de imposible cumplimiento y a gestionar un batiburrillo legislativo consecuencia de correcciones episódicas a demanda. Todo un hándicap para la participación vocacional en estados estructuralmente torcidos, alejados de la integridad que perseguiría la concreción y la reducción de obstáculos evasivos. La obra conjunta del bipartidismo, su España global, es apreciable panorámicamente en las privatizaciones para la desindustrialización, el saqueo de corporaciones públicas rentables que pasaban al sector privado y cargaban al estado parte de las prejubilaciones, así como en la legislación sobre extranjería interesada por la temporalidad señoritinga precursora de la contratación horaria de las multinacionales comisionistas —hijas de papá capital— como Uber, Cabify, Glovo, Deliveroo o Just Eat. La España del sólo come, ¿a cambio de nada? ¿También en los Hospicios de los hospitalarios (p. ej. la Orden Teutónica), el Hogar o Auxilio Social, la Casa de Beneficencia o la Unión Europea que vuelve a anunciar ahora «reformas» para la neue normalität o new normal ?
La paulatina disposición del escenario de insostenibilidad facilita a los encargados políticos la desvinculación de las coberturas sociales (conquistadas por los trabajadores) de la contribución laboral, y posibilita la caridad asistencial por turnos en detrimento de la solidaridad orgánica, la conciencia colectiva y el previo apoyo a la riqueza nacional. Dadas las circunstancias, corresponde disponer un íngreso mínimo a modo de caja de resistencia de aportación a la seguridad de la sociedad; aun implantado por el Estado, el sentido de la medida podría ser completamente opuesto dependiendo del encuadre. Por ello conviene repasar los diferentes hitos del PSOE como la creación del Pacto de Toledo para la revisión ideológica del sistema de Seguridad Social (cuyo ministerio es ahora liberado de la carga de Trabajo así como Consumo sale de Sanidad y de Hacienda en lo referente a las multinacionales del juego), el aumento del período necesario para percibir las pensiones y de cálculo de su base de cotización, la sustracción de las pagas extraordinarias para el cómputo, la referencia de los subsidios por desempleo en el IPREM en lugar de en el SMI, y su enmienda estelar para priorizar cobro de deuda frente a personas. El PP por su parte contribuyó con el índice de revalorización que desliga las pensiones del IPC y el factor de sostenibilidad que las asocia a la esperanza de vida, situando entre ambos el listón de cotización para los venideros en los 38 años y 6 meses con una perspectiva de paro estructural nefasta. La generación alfa o instalada de la sociedad española que sigue tratando puerilmente a mayores y menores ha dispuesto lo mejor para sí sin ocultar el modelo de mochila austríaco-chilena pergeñado para el resto mientras iba desmantelando los sistemas públicos de salud y enseñanza a través de conciertos económicos justificados como rejuvenecimiento de su obsolescencia. Es sintomático ver al adulto obligando al niño a llevar mascarilla y a recluirse, privándole del aprendizaje.
Ni el gobierno estatal ni los autonómicos han movido un dedo para intervenir recursos de la parásita sanidad privada que quedó automáticamente exonerada con la declaración pandémica, a pesar del porcentaje creciente del gasto sanitario público destinado a conciertos (12% en la actualidad). Procede recordar que el sistema de salud no daba abasto ya antes de la interesada alerta de la OMS, negándose la cura de enfermedades como la hepatitis C o demorando la espera por quirófanos y camas. La «externalización de servicios» se inicia con la ley de nuevas formas de gestión votada por el PP (gobernando en minoría), PSOE, PNV, CiU y Coalición Canaria, mostrando Comisiones Obreras su satisfacción por la modernización del sector. Fondos buitre con financiación pública, clientela garantizada, determinación de las condiciones laborales, recursos supeditados a la obtención de beneficio y selección de pacientes rentables. El reclutamiento de los altos cargos del sistema sanitario por parte de las multinacionales, traducido en prescripción innecesaria de la mitad de los medicamentos, mayoritariamente ansiolíticos y antidepresivos, indica asimismo una medicalización del malestar social. La creación de una industria farmacéutica pública basada en el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, solucionaría diversas carencias de un plumazo. La solución sería relativamente sencilla con un desarrollo consecuente con la derogación del artículo 90 de la Ley General de Sanidad y la de Ley 15/97 por completo, ambas con el sello del PSOE y disfrutadas por sus socios y alternantes políticos.
La acostumbrada mejora económica sobre la que proyectar el modelo capitalista, orientada a la obtención de datos personales (anónimos o no que con tanta insistencia se persiguen) y aplicada a sistemas sanitarios sin capacidad de respuesta, desvela que lo que ahora acontece es la depresión sistémica ya anunciada y que sigue a la recesión de hace una docena de años. Precipitada y agravada por la confusión epidémica y disfrazada con la previsible gestión en el internacionalizado ambiente neoliberal, desprovisto de medios materiales y humanos debido al apoderamiento de un gran porcentaje de riqueza por parte de un pequeño porcentaje de patronos, no sin servirse de tutelados. La recurrente lucha de clases por la redistribución sería cíclica si no fuera por la emergencia climática y el consumido factor tiempo que debieran movernos a priorizar la defensa de los derechos humanos (opinión política incluida) y los del planeta. Lo que supone enfrentarse a la negación de los mismos y, sin equidistancia posible, a la complicidad conformista. Es necesaria la sobriedad en las administraciones públicas (central, autonómica y local) y también en la clase trabajadora que paga con horas remuneradas, desechando gastos sin otra utilidad que favorecer a la oligarquía sustentada por fidelidad clientelar y nepotismo.
También por corporativismo (característico del fascismo de Salazar, Franco, Mussolini…) de calculada mejora social y salarial a corporaciones integradas en el estado para sostenimiento del régimen, despreocupado de la rentabilidad general. La dictadura del capital pierde su moderación cuando le interesa, propiciando el clima de terror adecuado primeramente mediante la inoculación de bulos y miedos. Cabe reseñar en este sentido la imposición militar de determinados artículos en la vigente Constitución y la herencia del improductivo negocio armamentístico de la hipertrofia y la macrocefalia militar tras el declive colonial de Alfonso XIII, explotador del pueblo para lucrarse junto a su camarilla con el suministro bélico a los contendientes de la I G. M. Lejos de aliviarse la dependencia militar, se ha ido fortaleciendo vendiéndola como fuente de empleo. El gasto militar en armamento para este año no será inferior al de presupuestos anteriores pese a las circunstancias y a que generar un empleo con partidas para Defensa supone dejar de crear y mantener decenas de puestos de trabajo con fondos para Sanidad o Educación. En torno al doble si el Estado asumiera las nóminas de los oficios de la esclavitud moderna, las intemporales tareas domésticas que no quiere desempeñar la burguesía, a saber: limpiador/planchador, camarero, costurero, cocinero, recadero/repartidor a domicilio, entre otros. Que si bien es cierto que alguien tiene que realizarlas, también es cierto que deben ser desempeñadas con la misma dignidad que otros oficios, expresada tanto en tiempo libre como en tiempo retribuido.
Sólo nos quedan, bastante limitadas, la libertad de consumo y la de pensamiento. Estas son nuestras armas, el pensamiento propio, por eso tratan de abollar nuestros cráneos y cerebros. No se trata de retórica, sino de medidas concretas y eficientes como las que inculca el conservadurismo durante la tierna infancia para la lucha de clases que sólo ellos están interpretando. La salvación está en uno mismo (mira en tu interior), la prohibición de tomar frutos del árbol de la sabiduría (o de que Prometeo entregue el fuego a los hombres), el refuerzo de la autoculpabilización (o pecado original)… Se debe recuperar la integralidad de la persona, rota por la cultura actual. Ejercer desde ya la nueva situación alternativa. Contratar con pequeñas empresas, producir y consumir en cooperativas, incorporar el boicot al valor añadido que proyecta la aspiración del consumidor, premiar con rentabilidad los bienes y servicios respetuosos con los derechos humanos (puesto que no todos lo están siendo), es decir, otorgar donativo sin trompetearlo. Pero también, no celebrar sacramentos sin ser creyentes, no dejarse inducir por el consumismo en aniversarios, no santificar las navidades ni retornar la paga extraordinaria, etc. Luchar por no ser esclavo, siempre dentro de la sociedad civil y en permanente estado de alerta posibilitado por las libertades constitucionales por desgracia subordinadas de las económicas, como la personal (frente a detenciones y ataques preventivos), la de intimidad y la de inviolabilidad física e informática, la ideológica-religiosa (tolerante laicidad frente a discriminatorio clericalismo), la de residencia y circulación, la de reunión, asociación, participación y expresión, la de huelga, la de enseñanza, la protección infantil y familiar, el acceso a la cultura y a la calidad de vida medioambiental o los amparos sanitario y judicial entre otros derechos. Ejercer el deber en la lucha del autómata contra el autónomo.