El nacionalismo, romántico, espiritual e inmutable, es la narración maravillosa protagonizada por héroes y villanos que los mass media alimentan cotidianamente. Presos del bombardeo mediático y de la inmediatez, engullimos a diario este derroche de sentimentalismo. Cataluña incumple, España roba, Europa plantea… Madrid persiste, Bruselas urge, Estrasburgo condena… Personificación y asunción de la parte por el todo, prosopopeya y sinécdoque. Y lo mismo ocurre con los credos políticos. Por lo general, la derecha arrasa y la izquierda se hunde o se estanca. Con el oficialismo considerando izquierda al partido que ha colocado en el verdadero poder ejecutivo a Grande-Marlaska, Robles, Campo y Delgado (Interior, Defensa, Justicia y Ministerio Fiscal, o, lo que es lo mismo, el Estado mínimo que encarna el Inviolable), por la garantía que ofrece el paso por la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial durante la jefatura estatal de Juan Carlos I (terrorismo de Estado, torturas, amnistías hacendísticas y acusación pública interpretando el papel de la defensa). ¿Politización de la justicia o judicialización de la política? Ustedes dirán, con un CGPJ designado mayoritariamente por el Partido Popular (justo antes de crearse Vox) y nombrado por el rey huido, con un mandato que lleva dos años y cuatro meses expirado, y cuyas competencias, entre las que figura el nombramiento discrecional y piramidal de mandatos judiciales (en su mayoría ya renovados), están fuera de control sin instrumento alguno para hacerlo cesar.
El presidente del CGPJ, que podría cesar cuando quisiera y volver a su plaza en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo (donde se consumó la estafa bancaria relativa al impuesto de actos jurídicos documentado), mantiene de este modo el pulso a los mecanismos de equilibrio y control propios del parlamentarismo socialdemócrata (desde la L. O. 6/1985 , actualizados en 2013) con la intención de que sean reasumidos por las asociaciones judiciales (partidos ideológicos afines en la práctica que Lesmes aspira a unificar). El presidente del T. Supremo y del C. G. del Poder Judicial no es quién para «exhortar a los poderes públicos concernidos a renovar la institución». Su mandato ha expirado, fin de su periplo por las vicisitudes partidistas. Sin embargo, con sus devaneos, le hace el boca a boca al bipartito, que, en definitiva, tiene cantera en la judicatura. El campano de la oposición se siente importante y el engreído primer ministro se regodea desde «la bodeguilla», faroleando (en octubre del pasado año) con modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para elegir 12 vocales por mayoría absoluta, cuando 8 son por mayoría cualificada según el melón constitucional y a sabiendas de que se debe reflejar el pluralismo de la sociedad por un órgano separado (STC 108/1986). Todavía hay quien se empeña en llamar «Estado de derecho» a nuestro garantista régimen caracterizado por la retroactividad de las leyes (competencias para investigar las SICAV, amnistía fiscal de Montoro, el citado impuesto hipotecario…), jurisprudencia corruptiva (doctrina Botín, doctrina Infanta Cristina por amor, delirante interpretación del art. 155…), contradiciones legislativas (que favorecen el subjetivismo), disfunciones (duplicidades, partidocracia…), etc.
Un encabezamiento a destacar estos días de dictadura económica (consentida, cómo no, por los Altos Tribunales) ha sido «España endurece el uso obligatorio de la mascarilla, incluso al aire libre». Apenas doce palabras y un sinfín de figuras retóricas: prosopopeya, sinécdoque, paradoja, antítesis, oxímoron, pleonasmo… Tiene de todo, hasta ironía, por no albergar nuestra nación soberanía alguna. La sinestesia de moda, en sentido amplio, por involucrar el uso del apéndice facial a los cinco órganos sensoriales, ha logrado suscitar —incluso— algún quejido entre los destinados a cobayas. Para figura de repetición tenemos los meses y meses de renovaciones, interpretaciones y enmiendas al decreto ejecutivo justificado por la urgencia, cuando la estrategia política del enfrentamiento y las medidas económicas de la extorsión venían rodadas. Escenario permanente de confusión, potenciando los prejuicios contra el otro, históricamente el inmigrante, la mujer, el homosexual, el rojo… Crisis de nunca acabar con el mismo objetivo (anterior al Covid-19) de perpetuar los privilegios de la minoría dirigente y sustituir los derechos de la mayoría por la beneficencia. A estas alturas de legislatura ya deberíamos saber que no habrá avances sobre promesas electorales o pactos gubernamentales (reforma laboral, ley mordaza, memoria histórica, pensiones, etc.), y que se acatará sin rechistar el guión dictado por la bancocracia y el neoliberalismo. Surrealista que se hable de dictadura socialcomunista cuando sabemos, además, que nuestro presidente se plegó a la anacrónica monarquía para alcanzar el gobierno, que se pliega al obsoleto poder judicial para conservarlo y que se plegará a los chantajes que la reaccionaria troika atlantista le demande para perseverar.
Sobre la presencia en la bancada azul de sus socios de coalición, el endémico embustero ya confesó que servía como contención de los incautos pertinaces. El partido que ostenta los ministerios que no son de cartón piedra (junto a los citados, Economía privada, Hacienda pública, Fomento exterior, Industria militar, Comercio electrónico, Turismo seguro, Educación católica, Cultura taurina y Sanidad farmacéutica), está más que acostumbrado a desoír. No se pone ni colorado cuando exime de su responsabilidad sanitaria al ministro filósofo inmediatamente después de comprometer una campaña de vacunación de dudoso cumplimiento para presentarlo como candidato a President de la Generalitat. Previamente, el vividor de la política mejor valorado por los sondeos, había cerrado centros sanitarios y delegado la responsabilidad en las autonomías (así como las autonomías en los ayuntamientos y los ayuntamientos en los ciudadanos) pese a ser la declaración del estado de alarma una atribución del gobierno central (art. 116 C. E.) y ser el ámbito de actuación todo el territorio nacional. Por la duración y las condiciones coercitivas resultantes, un estado de sitio. Al tiempo que su partido disponía la pertinente millonada del plan de publicidad y comunicación institucional para asentar el cainismo vecinal —y colarnos la newtralidad global—, se negociaba con Europa de manera opaca la never-ending crisis (el incumplimiento crónico de la disciplina fiscal y las correspondientes contraprestaciones aparejadas a la sumisión europea). Ahora constatamos que los fondos destinados a los territorios en teoría para paliar el déficit sanitario, fueron empleados en la práctica para satisfacer las necesidades económicas de los mismos, lo esencial en la vieja y en la nueva normalidad.
Al salvador y envite del búnker para Catalunya se lo ha tragado la tierra, después de estar hasta en la sopa y ser el más votado en las pandémicas elecciones (25 días después del 14-F su formación dijo a las mujeres que se quedaran en casa y no se manifestaran en su día grande, el de su emancipación). Su cartera la ha heredado una jurista, para ahondar en la aberrante dirección sociosanitaria de elaborar «criterios técnicos de aplicación» de una norma estatal en un consejo interterritorial. Sálvese quien pueda. Los requisitos para ser ministro/a de Sanidad en tiempos de neoliberalismo es ser una calamidad manejable por las multinacionales de las drogas legales que acallan el malestar social. Los holdings multidisciplinares buscan con microscopio electrónico a los/as Ana Mato, Alfonso Alonso, Dolors Monserrat, Salvador Illa o Carolina Darias para entronizarlos. Si se lo montan bien, les espera el futuro de la socióloga Leire Pajín, hoy en ISGlobal (injerto social de La Caixa con inyección económica de ZP, caja donde acabó nuestro rescate a la banca ), una de las puertas giratorias hacia organismos financiados por la Bill & Melisa Gates Foundation.
De igual modo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya no es dirigida por alguien que haya estudiado medicina, los ministerios de los gobiernos ya no son presididos por especialistas en la materia ni los tecnócratas que contratan son independientes. Los que descollan, lo hacen por ser agradables a los sentidos y no por ser los mejores en su rama (por su presencia física, por su voz, por no desentonar con lo que el oficialismo inocula, etc.). Quienes ven filantropía en las empresas que deslocalizan y subcontratan por condiciones laborales de esclavitud (tercer mundo, minorías étnicas, presos…) santifican las fundaciones de estas corporaciones (gigantes informáticos, deportivos, telecomunicacionales, textiles…) que a cambio de donaciones reciben libertad de acción e indulgencias, amén de participaciones que multiplican su valor en unos pocos meses por la predisposición de los gobiernos. Los dueños mayoritarios de fondos buitre en vivienda, residencias, farmacéuticas, comunicación, etc., son siempre los mismos. Un patrón que se repite desde la Edad Media a esta parte. Y cuando alguien se digna a revelar la verdad al pueblo llano, aparecen los ataques ad hominen para distorsionar su mensaje. Dudo mucho que nuestro monarca emérito sintonice el canal internacional de TVE, pero si lo hace, será para partirse de risa.
Algo que no ocurriría si tuviéramos verdaderamente un Estado democrático de derecho en lugar de un Estado filofascista con una no dictadura —dictadura a veces—. Un Estado con un Tribunal Constitucional posibilitando que la Constitución sea violada por los partidos de Estado; o un Tribunal de Cuentas garantizando que estos partidos se puedan financiar como se han venido financiando desde 1978; o una Junta Electoral asegurándose de que no alcancen los ejecutivos presidentes indeseables para los que se reparten el pastel legislatura tras legislatura; o unos medios de comunicación públicos despreciando el pluralismo de la sociedad (art. 20.3 C. E. ), no digamos ya los privados (directa o indirectamente dependientes de los diferentes niveles administrativos del Estado); o Defensores del Pueblo defendiendo a la oligarquía del pueblo. La frontera entre las instituciones y el pueblo (o nación) viene determinada por el principio de representación que en el caso de nuestro régimen político, donde el Estado ordena a la nación (y no al revés), se basa en la partidocracia (hoy día con el partido hegemónico representando apenas a la quinta parte del censo electoral). La sociedad civil puede saltar esta frontera a través de la subvención, más o menos prolongada en el tiempo para corromperse. Con las redes clientelares lo que se hace es impartir clases de robo. García-Trevijano tenía claro que «sin estar corrompido, no se entra en este Estado». Anguita sabía que «el mayor de los adoctrinamientos en la más pura mafia consiste en el reparto del botín ».
En nuestro país los rotulistas no respetan la pluralidad si rotulan «Leonor se va de España, como su abuelo», pero sí lo hacen cuando rotulan «partidarios de la Unidad de España» (con banderas fascistas) en contramanifestaciones por derechos democráticos. Se asume el saludo y la ideología nazi como algo cotidiano, a lo sumo se trata de «radicales». Los medios de indoctrinamiento convencionales (televisión, radio, prensa…), complementados por los dispositivos digitales y suplementados por las plataformas de pago, disponen la norma que le conviene al poder establecido (el económico) en cada momento. Los tertulianos de masas son aquellas panzas al trote que transmiten el dogma del presente fingiendo que no son responsables del ayer y obviando que se seguirán arrastrando mañana. Los hechos son más tercos que las verdades oficiales acerca del rescate a la banca, de la honorabilidad del emérito, del desmantelamiento de los sistemas nacionales o de protocolos y de prostitución mediática. Se sigue a rajatabla el manual del torturador: incomunicar, encapuchar, aterrorizar, golpear y amenazar hasta hacer perder la noción de la realidad. El beneficio supera al riesgo que supone equivocarse con efectos secundarios severos en santos inocentes.
La maquiavélica proposición de «los beneficios superan a los riesgos» es flagrante y científicamente falsa en el caso de los «asintomáticos» o inmunes (mayoría antes de los encierros y las inyecciones), especialmente los niños, y más que probablemente en el caso de la población de riesgo o inmunodeficientes. No hay correspondencia entre los falibles «positivos PCR» (sobredimensión) y los test serológicos que constatan a ciencia cierta la presencia de patógenos, antígenos o anticuerpos en la sangre. El virus está siendo más beligerante en inmunodeprimidos precisamente tras la experimentación y variación vacunal. El uso obligatorio de barbijos para toda la población y el ensayo clínico global con autorización de uso excepcional son una perversión. Teoría del mal menor o del daño colateral que abunda en la terminología bélica y en la falsa premisa de la que se parte (y por consiguiente también en las conclusiones derivadas): la prosopopeya de que el virus es el enemigo. El mensaje explícito del jefe de Estado («primer soldado de España» en salir a guerrear al virus) e implícito en las medidas vinculadas al imperecedero estado de alarma justificadas por la «crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19» en los perentorios y reales decretos. Premisa que se demuestra errónea solo con ver el impacto en diferentes sistemas sanitarios (con mayor/menor capacidad de asistencia y respuesta). No fue la única. El virus no surge en Wuhan en diciembre de 2019 (los protocolos de prevención y la letalidad se centran en este aspecto) y las intervenciones al margen de alimentación y farmacia como confinamientos, limitaciones a la movilidad y uso de mascarillas, no han evitado la transmisión ni reducido la mortalidad. Al contrario, al normalizar la susceptibilidad de la población ante la enfermedad (abordada como afección respiratoria) se prolonga y se agrava el problema. Lo que sí se ha demostrado es que el virus es el aliado de unos y otros; y la inmunidad, un cuento para mortales. Se terminará desmontando la sinécdoque de «la vacuna».
La historia demuestra a menudo que el oficialismo es negacionismo en potencia (y viceversa, a menudo el negacionismo es oficialismo en potencia). Se vuelven las tornas en el momento que la demanda popular y la negativa a aceptar medidas impopulares superan a las verdades oficiales. El negacionismo deja de ser la parte y el oficialismo el todo. El antifascismo es la oposición al fascismo que todavía hoy niega sus genocidios, el mundo está en deuda con la nación española por ser la primera en combatirlo (y por combatir los comuneros hace quinientos años al imperialismo). El republicanismo es la antítesis del monarquismo, la igualdad frente a los privilegios por cuna. La corrupción de nuestro rey emérito ha sido y sigue siendo negada. Y lo mismo ocurre con los rescates a la banca y al sector privado, el desmantelamiento de la seguridad social (transmutada a «seguridad nacional») y la sustitución de la vitalidad por la letalidad como referencia. Para determinar dónde se ubica el oficialismo que terminará siendo negacionismo y el negacionismo que terminará siendo oficialismo, basta con percatarse de quiénes alientan el pánico, por ver amenazada su posición, demonizando a los más vulnerables para tratar de eludir la responsabilidad y recuperar la credibilidad. Se buscan brujas para hogueras. El virus no es el enemigo, en todo caso lo sería la inmunodepresión. Y la inmortalidad queda para los héroes. La vacuna no es la solución, sino parte de la misma, en las personas inmunodeprimidas (que lo deseen) y cuando terminen los ensayos clínicos con licencia anormal, inconclusos hasta abarcar las distintas condiciones fisiológicas y patológicas (mayores, embarazadas, menores, diabetes, hipertension, vih, predisposiciones genéticas…). Tampoco es el fin, sino el medio para profundizar en el husmeo digital de macrodatos y microdatos. Si el ensayo les funciona, porque los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres (y la incidencia vírica es mucho mayor en las familias y barrios de menos ingresos económicos), habra más ensayos, por funcionar. Y si no funciona, habrán creado una cartera de clientes amplísima.