Una vez asentados dogmas económicos a través de la propaganda y con la intención de que perseveren, al frente de instituciones financieras (ministerios, banca, fondos, comisiones…) no es necesario colocar a especialistas, sino más bien a funcionarios experimentados y, en todo caso, recomendados. Procediendo de igual modo en otras materias que no le han sido acotadas a la economía (salud, enseñanza, vivienda, pensiones…), o que han sido desprendidas de ella para disponer el triste paradigma económico-social del distanciamiento, con comercio electrónico, digitalización empresarial, autonomía laboral, externalización administrativa, etc. Mientras no cambie el principio de representación democrática, los técnicos serán contratados por grupos políticos, es decir, por conjuntos de personas o de partidos que comparten ideología. En las Administraciones, el profesional de nivel al margen de consideraciones ideológicas es la excepción que distingue la norma. Bajo la práctica dedocrática de marcas concesionarias, dicha rareza solo puede darse si las ideologías que postulan a los tecnócratas empatan en elección y composición de órganos. Las Comisiones Permanentes Legislativas de los ministerios, tienen un mandato menor (cuatrienial a lo sumo) que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC , mandato sexenal), que abarca todos los sectores económicos, o la del Mercado de Valores (CNMV , mandato de cuatro años no vinculado a las legislaturas con consejeros natos de la Dirección General del Tesoro y del Banco de España —mandato de seis años—). Lógico, teniendo en cuenta que surgen en un contexto de unión monetaria y globalización económica para proteger a los sacrosantos inversores que presuntamente generan el empleo y la riqueza, salvo en los puntos mínimos de inflexión del sinusoidal avance capitalista, cuando acuden a las enjutas ubres estatales. De ahí los implantes bancarios, para que sigan mamando los mismos.
Por otra parte, con la CNMC controlando los sectores energético y ferroviario, y la CNMV supervisando la fluidez de fondos y protegiendo las sociedades y mercados financieros (en nuestro país, la estabilidad surgida del 18 de julio de 1936 a la que no le ha importado disparar la deuda pública de forma crónica), ambas con la función de participar en la elaboración y control de normas de rango internacional y recorrido piramidal, se pierde en la inmensidad el rastro de atribuciones que atañen al Rey (art. 64 C. E.). Si éste se mueve dentro de competencias externalizadas y multiplicadas, a su vez con apaños legales ex profeso para eludir exposiciones políticas indeseadas como fue el acomodo fiscal 2012-2017 , se diluye asimismo la responsabilidad. La forma de amnistiar en aquel momento, por Real Decreto-Ley amparado en las «circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma » (en teoría el déficit público), fue precisamente la argucia en la que se escudó el Tribunal Constitucional para invalidar la disposición garantizando supuestamente la irretroactividad. Sabemos, además, que aquella afloración de patrimonio oculto, no repercutió en las arcas públicas, sino en las de la banca privada y en el número de SICAV tributando al 1%, al mismo tiempo que supuso un importante ahorro por la gestión que eludía la sanción penal, recaudando el Estado un porcentaje que promedió de facto en torno al 2%. Se desconoce si son las mismas condiciones que con la reciente regularización opaca, a partir de desvelarse los 65 millones regalados por el régimen saudí al soberano huido.
El veto para que el monarca asome por el parlamento, salvo en actos conmemorativos, sigue siendo unánime entre los partidos monárquicos que tienen la mayoría en la Mesa del Congreso, incluido el que hizo campaña prometiendo que publicaría la lista de amnistiados fiscales en cuanto llegaran al Gobierno, y hace ya más de dos años que llegaron. Como solo han trascendido nombres de encausados como Rato, Bárcenas o Granados, a lo mejor era necesario algo más que llegar al Gobierno. A lo mejor había que llegar también al Convento de las Salesas Reales. Aunque tampoco hace falta ser Pedro Sánchez para saber quién es cabeza de lista, ahí está el single de Corinna sacado por Villarejo, que seguro que ha llegado a oídos de Dolores de Cospedal en la Abogacía del Estado (designada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo). Otro gallo nos cantaría si no encerraran injurias los éxitos de Hasel o Valtònyc. Las batallas entre juglares se nos antojan a la mayoría insípidas sin el Borbón y sus posibilidades de rima. La improvisación legislativa es la norma en España, por no existir proyecto ni estructura de Estado democrático. El primer paso debe ser dotarlo de una Constitución, esto es, de constituir los poderes separada y equilibradamente, comunicación social incluida, para que puedan controlarse entre sí. El ejecutivo (y no el legislativo) es el que legisla principalmente a través de reales decretos-leyes y reales decretos-legislativos visados por instituciones estatales competentes y grupos de presión concernientes, con la tramitación urgente como aliada para minimizar el debate por la impopularidad de las regularizaciones. La cuestión —de Estado— es que llevamos demasiado tiempo en situación de urgencia por medidas impopulares.
En cuanto a niveles judiciales, vemos que lo que debe quedar en los juzgados de las comarcas, p. ej. una pelea entre civiles en un bar, se eleva a las más altas instancias para ser sustanciado judicialmente y exprimido demagógicamente en todas las circunscripciones de la geografía española. Ocurrió en Navarra (Altsasu, presos políticos del movimiento popular Ospa Eguna), ocurrió en Catalunya (criminalización de maestros, CDR y presos políticos de las asociaciones civiles Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana), ocurrió en Galicia1↓ (desmontada la «naturaleza criminal» de las agrupaciones Causa Galiza y Ceivar), y ocurrió y ha vuelto a ocurrir en Euskadi, con el proyecto Bateragune («Punto de encuentro» soberanista al margen del PNV) para el abandono de la violencia y la participación democrática tras la promulgación durante la última legislatura de Aznar de la Ley de Partidos. Ley Orgánica dirigida a impedir el concurso político de Batasuna y otras fuerzas de izquierdas (en torno a la premisa de condenar la violencia que todavía no ha sido condenada apropiadamente por los herederos de franquistas, falangistas y requetés), entre otras eventualidades de la partidocracia más que susceptibles de inconstitucionalidad acerca de discriminación por opinión política, mandato imperativo de los miembros de las Cortes o circunscripción de los mismos a la provincia que representan.
Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional expulsado de la carrera judicial en 2012 por vulnerar derechos de detenidos —los intermediadores de la Gürtel, el recurso del juez contra la condena por prevaricación fue inadmitido por el TEDH en 2015—, inció un proceso en 2007 contra la izquierda abertzale que derivó en la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la anulación de la sentencia después de cumplidas íntegramente las condenas ratificadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Pese a ello, el Alto Tribunal que cargara a los clientes el impuesto de Actos Jurídicos Documentados relativo a las hipotecas, acaba de dedicir la celebración de un nuevo juicio, cuando el partido que preside Otegi, una de las personas interesadas, va camino de una década con presencia en todos los ámbitos institucionales y en auge (ayuntamientos, juntas generales, parlamento autonómico, congreso, senado y parlamento europeo). Para proteger nuestra lengua, se debe llamar por su nombre a los conceptos, p. ej. «prevaricación» al hecho —y más aún al hábito— de resolver injustamente a sabiendas. ¿Qué comportamiento cabe esperar de jueces promocionados y designados por asociaciones y partidos ideológicos amorrados a la teta administrativa? ¿Dónde empieza y dónde acaba la «sociedad civil»? ¿Tenemos un sistema garantista (sic) o ventajista?
La ponderación o favorecimiento de órganos desconocidos para la ciudadanía frente a los ministerios y cámaras legislativas, ejecutivos de los diferentes niveles territoriales, técnicos de Hacienda, colegios profesionales, organizaciones de comerciantes, consumidores y usuarios…, junto a la posibilidad de prorrogar los mandatos indefinidamente por causa de la designación indirecta, denotan mayor autoridad para aquellos y la ausencia de democracia. Es también el caso del Consejo General del Poder Judicial (5 años, su presidente lleva 7 a pleno rendimiento); el Tribunal Constitucional, susceptible en este momento de ser prejuicioso con la autodeterminación (magistrados 9 años, renovados por terceras partes cada 3, presidente 3 años pudiendo ser reciclado una vez), con el tercio que designa el Congreso a la espera de acontecimientos desde noviembre de 2019, y su ultraconservador presidente, desde marzo; el Consejo de Administración de RTVE (6 años, consejeros por mitades cada tres), administrado en exclusiva por «la musa de la Transición» tras ser espantados el resto de consejeros por Real Decreto y ulterior despiste del PSOE en la votación; o el Defensor del Pueblo (5 años, el Adjunto Primero, paladín interino tras caducar el encargo a la marquesa consorte de Salvatierra, lleva 8). El hecho de que no se llegue a acuerdos después de varios años de mandatos constitucionales expirados, evidencia, además de la incapacidad para cumplir las propias leyes fundamentales, que no estamos ante potestades emanadas del pueblo y que existe una cúspide administrativa a la que no puede acceder cualquiera. La mayoría cualificada necesaria para consumar estos nombramientos (votación favorable de tres quintas partes en sendas cámaras legislativas salvo en el caso de RTVE, que son dos tercios), no termina de acontecer bajo el pretexto de que los socios del Gobierno, todos ellos, pretenden asaltar los cielos.
Tomando como referencia la Comisión ministerial de Economía, Comercio y Hacienda al tiempo de ingresar en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, observaremos que el Estado ha sido paulatinamente desposeído de gran parte de la capacidad económica, con los sectores y la territorialidad sustituidos por la competitividad; el comercio, acaparado por la computación electrónica en la que invirtieron los señoritos para ahorrar con la temporalidad, la pseudoautonomía profesional y el seguimiento consumista; la investigación hacendística, con la competencia acerca de las sociedades de capital asumida por la CNMV cuando los inspectores empezaron a rastrear a los mariachis de las SICAV; o las casas de apuestas para los jugadores por necesidad —perdedores por obligación—, que por vía de Consumo dependen de la CNMC y por vía de la Bolsa, de la CNMV. Todos los desempeños administrativos terminan siendo negocio si a la economía no se le acotan los campos de influencia. Hay que escucharla, sí, y respetar las libertades y valores relacionados, no así los libertinajes e intereses ni la obediencia ciega a las finanzas amparada por una justicia centrifugada (p. ej. mediante tratados internacionales, opacos o transparentes). O lo que es lo mismo, a la economía, la nación tiene que hacerle observar los aspectos sociales de los Derechos Humanos, a los que la ideología capitalista únicamente recurre como justificación para invadir militarmente otras naciones y esquilmar sus recursos —al tiempo que exparcir su miseria—. El respeto religioso (que pocas veces contempla a ateos y escépticos), lingüístico, económico…, para con las minorías, sólo preocupa en territorios extranjeros, hasta que los democratizan, globalizan y, si hace falta, independizan, para extender tentáculos.
Con los partidos judiciales (comarcas salvo en las grandes ciudades) como mónada electoral de un sistema mayoritario en representación de territorios y no con extensos distritos que preserven los intereses de los partidos, se acotaría la corrupción, preeminentemente judicial y tradicionalmente centralista (la Unidad clasista contra la Unión popular). No parece descabellado, desde el punto de vista ciudadano, que la distribución jurisdiccional sea equilibrada con las competencias en materia jurídica, impositiva (el IRPF sólo se divide en dos partes, estatal y autonómica) y electoral, es decir, judicial, legislativa, ejecutiva, mediática… Favoreciendo de este modo, además, el reparto poblacional, sectorial y laboral. Siempre ha habido clases y niveles. Y momentos en que el abuso alcanza un grado extraordinario y los gobiernos se convierten en tiranías de minorías confraternizadas, cada vez con más miedo por que se puedan invertir las funciones. En la vigente atadura de estados, autonomías, provincias y ciudades, los poderes ejecutivos no son más que los manijeros de cada ente superior, con burocracia e intereses partidistas. Los capataces que entregan cuatro duros a los trabajadores para que sigan votando a la cúspide económica que hace y deshace. La que quita y pone presidentes del gobierno en función de la necesidad (su mandato se reduce al chamusco que hacen de ellos). La que mantiene presidentes autonómicos (García-Page y Fernández Vara anularon recientemente la limitación de sus mandatos), alcaldes y presidentes de diputaciones por tiempo indefinido si son garantía para el statu quo. La que decide el modo de vida y las posibilidades de las bases sociales, a donde llegan los fondos a través de redes clientelares de las agencias de colocación y pagos por favores que son los partidos y sus sindicatos. Tampoco escapan a esta práctica las asociaciones empresariales, comerciales o judiciales.
La mayor parte del gasto en las Diputaciones provinciales se emplea en personal para la propia gestión, fundamentalmente para la distribución dineraria y la concesión de subvenciones que llegan por transferencia estatal y, en menor medida, autonómica. Sin competencia para ingresar por la renta de las personas físicas en las provincias de régimen común y sus municipios (excepto en capitales y grandes poblaciones, donde se les cede el 2,1% ), la función del ámbito local queda destinada principalmente al gasto, al derroche de poder propagandista y clientelista, con subcontrataciones y sobrecostes de los que se benefician tanto el sector que persigue la ganancia como el que se evita quebraderos de cabeza y disipa la responsabilidad sin dejar de emplear a asesores de imagen y comunicación. Se mire como se mire, las culpas y derramas corresponden a los vecinos. No es de extrañar que tampoco haya devengos por bienes e inmuebles y sí incentivos fiscales para con formaciones políticas, fundaciones no lucrativas, organismos eclesiásticos o asociaciones «de utilidad pública» —p. ej. COGAM, el colectivo de los ladrillazos simbólicos al feminismo considerado tránsfobo—. Cuantas más propiedades se tienen, mayor abanico de desgravación y menor porcentaje de tributación, lo mismo que con las aportaciones a las pensiones privadas. La regresividad impositiva denota para quiénes se hacen las leyes. Análogamente a lo que ocurre en las Comunidades Autónomas con los mandatos, «el papel de las diputaciones» es cuestionado por la oposición hasta que logra acceder a su gestión. Órganos de elección indirecta a partir de los resultados municipales según grupos políticos, salvo en los cabildos y consejos insulares y en las diputaciones forales, con mayores facultades electorales y hacendísticas, aunque tampoco cambia el panorama debido a la hegemonía de los partidos y los mecenazgos culturales.
No hay representación de los territorios, sino fidelización de figurantes a través de ideologías simbólicas y opinión mediática o publicada. Desde la implantación de la globalización y el consorcio de los partidos con la prensa irrisoria para la elaboración de programas, hoy día etiquetas de marcas comerciales, la «izquierda sociológica» pierde obreros a chorros. Tampoco hay representación de los sectores, sino colonias sectoriales en la forma y manera que deciden los inversores para los que trabajan los gobiernos a fin de cuentas. Las buenas intenciones pueden entrar en los ejecutivos, en los partidos, en los sindicatos y asociaciones, incluso en las tertulias televisivas, mientras sea de forma minoritaria, casi microscópica, legitimando la flora sistémica a modo de vacuna. Es el mundo al revés, multinacionales energéticas, farmacéuticas, religiosas, alimentarias, financieras, ferroviales, telecomunciacionales…, dibujan la articulación territorial y administrativa en Estados mórbidos. A los oligarcas les molestan los Estados pero al mismo tiempo los necesitan, agonizantes, mantenidos con vida a base de anticuerpos policiales contranaturales y arropados con banderas. Mientras los puedan seguir exprimiendo, no dejarán que mueran. Las nuevas generaciones no tendrán una vida mínimamente dulce (derechos económicos, sociales y culturales), mientras no se acumule potencial suficiente para dar el salto cuantitativa y cualitativamente mayor que la mutación del virus capitalista (libertinaje financiero, mediático y educativo) y lograr la inmunidad colectiva.
1↑ Actualización a 22 de diciembre de 2020. Operación Jaro. La Fiscalía solicitaba un total de 102 años de prisión por los delitos de «pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento de organización terrorista».