Ser patriota significa, por definición, procurar el bien de tu patria. Y en los tiempos que corren, nadie puede negar que el bien de la patria está subordinado a la situación económica que a su vez depende del panorama legislativo y la judicatura. Pues bien, los abanderados del patriotismo español defienden que, para la consecución de ese bienestar del conjunto del territorio, una minoría de la patria -ellos mismos, por ejemplo- debe controlar la riqueza y ostentar los poderes de forma totalitaria. La idea es dejarlo todo en unas pocas manos, para que éstas administren, generosamente, riqueza y justicia. El resto de ciudadanos deberá poner, por su parte, la confianza.

Hasta ahí, la teoría, que podría estar bien, si la práctica no fuera tan diferente. La realidad es que ese patriotismo ha demostrado una y otra vez ser un patriotismo fingido, una excusa para practicar el nepotismo (desmedida preferencia dada a los parientes para las concesiones o empleos públicos), perdiendo por tanto toda credibilidad y arrancando de cuajo, al ciudadano, la confianza. Y es que existen un sinfín de rastros, dejados por el máximo exponente del patriotismo español en democracia, el Partido Popular, que demuestran que lo que se practica en España no es un patriotismo sano, que no se procura el bien de la patria, sino el beneficio particular.

Tras alcanzar el poder por primera vez, durante la IV Legislatura (1996-2000), la tónica dominante fue la privatización de empresas como Repsol, Endesa, Telefónica, Argentaria (fusionada en 1999 con BBV), Enagás, Aceralia, Tabacalera, Iberia o Santa Bárbara (suministradora de las Fuerzas Armadas), algunas de las cuales funcionaban satisfactoriamente y las que no, aumentaron escandalosamente el valor de sus acciones poco después. Si teníamos la gallina de los huevos de oro ¿por qué no terminó rentando a la patria? Reseñar que, por supuesto, dichas empresas han funcionado siempre como pasarela para los altos cargos públicos y reservan valiosos puestos como consejeros cuando se abandona el poder.

Durante la V Legislatura (2000-2004), con la participación bursátil del Estado reducida del 10,87% en 1996 al 0,52% en 2004, las sanas intenciones de los patriotas les llevan a legislar en favor de los contratos temporales y el abaratamiento del despido con salarios a la baja tras abrir las puertas a la inmigración para lograr la depreciación de la mano de obra. Una reforma laboral precursora de la actual, aunque aquella sin la crisis como excusa, lo que demuestra que la de ahora llega para quedarse. Durante este período el partido popular acrecenta el distanciamiento económico y social entre empresarios y empleados, patronos y obreros, y deja como herencia el problema de la inmigración. Muy patriótico, sí señor.

¿Y qué les queda ahora por explotar para procurar el bien de la patria? Pues ahora, con la crisis como justificación se plantea definitivamente la anhelada reforma laboral, con despido y contratación al antojo de la patronal, y dejando al trabajador español sin ningún tipo de garantía para su futuro. Y como el consumo de la mayoría se ve forzosamente reducido y limitado casi exclusivamente a las necesidades básicas como la alimentación, la electricidad, el agua y los combustibles, a los patrióticos depredadores, para ir sobre seguro, sólo les queda acudir a la educación y la salud públicas, algo que ellos no necesitan pero que tratan de monopolizar desde hace ya tiempo con empresas como Capio Sanidad, flagrantemente vinculada al ‘partido del pueblo’ y dependiente del grupo CVC Capital Partners con sede en un paraíso fiscal como Luxemburgo. Todo por la patria.