La «investigación avanzada» está fuertemente adherida al sector militar mediante la protección de patentes. No sin puertas giratorias público-privadas, así que no importa demasiado su liberalización. Si no fabricas, de igual modo tienes que importar. La co-innovación alcanza al bautizo y difusión de las operaciones policiales y militares. Mientras la inteligencia se comunica por claves codificadas y en la sombra, la propaganda se transmite por signos inequívocos de demagogia y a plena luz del día. La Ley de Secretos oficiales sigue clasificando pasajes oscuros de nuestra crónica reciente, mientras nos bombardean con operaciones del Estado profundo contra la disidencia política. La «revelación de secretos» es lícita con republicanos e ilícita con monárquicos, los unos sospechosos y los otros indultados habituales. Así, la titulación de un proceso anuncia el alcance mediático pretendido, el recorrido y los tiempos judiciales, o bien la proximidad electoral. Véase PISA para desacreditar a un candidato díscolo, o Gürtel, para salvarguardar el crédito de legisladores y adjudicatorios, fragmentando y dilatando la causa según responsabilidad. Y la responsabilidad es piramidal, arriba los irresponsables y abajo los paganinis.
La búsqueda de avances tecnológicos durante la Guerra Fría se tradujo en la creación de la ARPA estadounidense (Advanced Researchs Projects Agency dependiente del Departamento de Defensa) y la comunicación por satélite a finales de la década de 1950. Durante los 60, la red de ordenadores ARPANET estableció la conectividad, también por cable telefónico, entre diversos puntos de las costas este y oeste, así como con el Reino Unido. Paralelamente, en la carrera comunicacional competía el OGAS soviético, más circunscrito a una burocracia localizada. En los 70, los capitalistas abonaron económicamente el campo demostrando la operatividad del sistema y sus posibilidades. Con los 80 llegó la INTERnational NET ya con el protocolo TCP de control de la transmisión y el sistema de nombres de dominio asociados a las direcciones IP, limitadas a 4.294 millones hasta el sorpasso de la población mundial y la ampliación IPv6 con 670.000 billones de posibles servidores. Con los navegadores y la triple doble uve (www) de los 90, explotó un mercado inseguro para los meros usuarios, ya fueran clientes navegantes o virtuales servidores. Para entonces, la oligarquía española del entendimiento bipartito-nacionalista, tomó para sí el sector que había mamado de lo público. Ante las amenazas virtuales, la Ley Obama-Sinde de 2011 restringió el flujo de derechos económicos sobre manejo de propiedad intelectual. La irresponsabilidad se pagó con un préstamo, un Nobel de la Paz al contado.
Hoy día, la ciberseguridad, inseparable de la vulnerabilidad como los verificadores de los bulos que interesa viralizar, es uno de los grandes negocios. Un sector dominado a nivel mundial por Israel y amparado por la confidencialidad que otorga el pago con fondos reservados, pongamos por caso, de un comisario foráneo con libertades patrióticas. La industria cibernética, con su software occidental y su hardware oriental, es además absorbente de la armamentística; la propaganda bélica no sirve sin el código digital. Los convenios sobre armas, a los que NO se acoge Israel, son la manifestación de las amenazas nuclear, biológica (virus cibernéticos incluidos y potencialmente interdependientes por la computación electrónica de los datos fisiológicos) y química. Amenazas al globo, a los Estados y a las manifestaciones nacionales. De los patrocinadores globalistas a los Estados, y de los Estados a la nación para «intervenir Internet a cualquier nivel» —y en cualquier colonia digital—, así como para invadir la privacidad hasta límites genéticos, al amparo de sospechas delictivas inespecíficas de las que, en todo caso, son responsables los que controlan los nodos de comunicación. El precrimen justificado por el cibercrimen para retrogradarnos hasta niveles preinternáuticos en lo social con la inclusiva digital opportunity, que ni es verde ni es sostenible, aunque sí muy útil para levantar un muro entre el Estado y la nación, que es la que contribuye con sus impuestos a la tecnología global. Lo pagan los que se quedan fueran del Estado, de todos los Estados. Todos los caminos, diestros o siniestros, conducen al control de fronteras, al seguimiento digital y a las radiofrecuencias. En teoría y por motivos de salud, un recurso escaso. Sobrepoblar nuestro país con antenas de microfrecuencia, empezando por los viales y cediendo la gestión a acreedores, es una misión para los de «somos la izquierda», una tarea encomendada a los [capataces] guais.
Como ocurre en la computación con las direcciones IP y los nombres de dominio, en los comunicados públicos y filtraciones cloacales a los medios directa o indirectamente en nómina, es práctico asociar al número identificador de la diligencia un concepto reconocible y registrable por un área especializada en la venta del producto. En un sistema que abunda en el militarismo (inherente al clericalismo) pese a perder sus colonias, donde además la demanda obedece a la oferta independientemente de los Gobiernos, la tecnología nace en Defensa (con su propia justicia y su propio arzobispado), crece con estímulos a la Ciencia («ante todo católica»), se reproduce en Industria y Comercio (sin prima de riesgo para el IBEX) y muere (por obsolescencia programada) en Consumo, concretamente en la cesta de la «seguridad nacional» que padecemos los habitantes de la nación. La soberanía sigue residiendo en el mismo sitio en el que emanaron los poderes estatales: la heredada lealtad a los principios del movimiento nacionalcatólico. Militarizar lo civil con empeño en no civilizar lo militar, con la complicidad neoliberal —que sirve a señores y no a vasallos en cada feudo— y de la globalización de Estados —que no de naciones—. Como consecuencia, se sigue considerando legítima la exaltación franquista e ideológico (y no criminal) el credo fascista. Solo se ha condenado, y parcialmente, el nazismo.
Los equidistantes equidistan de boquilla, disparan menos metralla a diestro que a siniestro. Como diría el empresario catalán interpretado por Sazatornil en el filme de García-Berlanga sobre la cacería nacional de antaño: «apolítico total, de derechas como mi padre». Pasa lo mismo con los esenciales que han robado el fútbol al pueblo a base de poner el cazo en los palcos del deporte rey, la pancarta propagandística del previo a un partido solo puede rezar lemas políticamente no comprometidos, es decir, dogmas asentados. Lo que hogaño se llama «ni de izquierdas ni de derechas». Traslación evidente del eje de ordenadas en la función matemática lucha de clases, para que la derecha tienda a cero, al origen de coordenadas. Como casi nadie es racista sin peros, prolifera el efecto «no al racismo». Llamamos Operación Betún al procedimiento xxxx/2008 con un angoleño y dos marroquís implicados, pero porque «se veía todo negro, muy difícil». ¿Qué trato cabría esperar en comisaría de lo contrario? Como en el fútbol no hay ultras, no hace falta que figure en los cartelones el «no al nazismo» o el «no al fascismo». Y menos, si los tienen que exhibir jugadores chiflados por el Rayo. Al norte de Vallecas, a partir de Coslada y hacia el Juzgado de Instrucción nº. 32 en Chamartín, en el mismo año que la Operación Betún y bajo la misma alcaldía de Ruiz-Gallardón (antes presidente de la Comunidad y después Ministro de Justicia inconcluso), encontramos la Operación Guateque —tirando a Lupanar— para referirse a la concesión ilegal de licencias municipales sobre locales públicos. La contaminación del procedimiento «de mala fe» por parte de la Guardia Civil propició la absolución masiva y sin cabida de recurso para decenas de acusados. Un caso parado hasta entonces, meses antes de que asumiera la dirección de la Comandancia de Madrid el menor de los Pérez de los Cobos. El mayor, saliente de la máxima magistratura (por mejor pagada), tras abocarse el proceso soberanista catalán al referéndum de 2017 y cuya celebración se encargó de coordinar con los Mossos d’Esquadra el benjamín.
De por medio, la Operación Cataluña, a partir de información sensible sobre el clan Pujol que llega a oídos del neoconservador y fundamentalista católico, Jorge Fernández Díaz. El One de Interior, mano a mano con el Director Gral. del Cuerpo Nacional, Ignacio Cosidó, y el Director Adjunto Operativo (máximo mando puramente policial), el comisario Eugenio Pino. Respaldados por el One de Justicia, Rafael Catalá, que sitúa en la Fiscalía a José Manuel Maza (fallecido por insuficiencia renal dos meses después del 1-O 2017) y en Anticorrupción a Manuel Moix —los tres reprobados por el Congreso—. Y por el comisario principal, José Luis Olivera, en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). «El Oli», para su amigo Villarejo. Según la Fiscalía de hoy, al tanto de la Operación Kitchen (lo raro sería lo contrario) en la que su colega pide declarar siguiendo el protocolo de secretos oficiales. El atentado terrorista 17-A 2017 (ya con Juan Ignacio Zoido al frente de la Policía) y la muerte en extrañas circunstancias del confidente del CNI colocado de imán en Ripoll, derivará en las acusaciones cruzadas entre el CITCO nacional y la policía autonómica acerca de las comunicaciones recientes con la CIA. La visita de Felipe VI a su condado no fue precisamente un baño de masas. Un mes después tendrá lugar la Operación Anubis (20-S 2017, en relación al dios cánido carcelero) para el registro de las consejerías catalanas por la Guardia Civil y el de la sede de la CUP por la Policía Nacional, sin llegar este a consumarse al presentarse sin orden judicial. Punto crítico en el procés, que se torna sedicioso para los consejeros, los Jordis y el Mayor de los Mossos antes del 1-O. La asamblea de majaras había decidido golpismo, faltaba la violencia, a consumar entre el primero y el tercero del mes vendimiario, y el apoderamiento de los resortes del Govern con una apasionada interpretación del 155 —en contubernio con el cuarto poder— para desplazar a las autoridades existentes.
La instrucción de la Operación Emperador sobre el misterioso promotor Gao Ping (al que no han podido condenar tampoco en Suiza), fue cerrada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin dar opción a la Fiscalía Anticorrupción cuando salpicó al [hasta] entonces rey formal y hoy emérito, al gestor de la cuenta Soleado y a la propia Policía Nacional, evidenciando la guerra entre comisarios y por el control de los Asuntos Internos y la Inteligencia. Guerra extrapolable a otros ministerios como Defensa y Justicia, y, en menor medida, Igualdad y Derechos Sociales. Con ingenio para la separación de las piezas Iron (espionaje en el bufete Herrero y Asociados) y Pintor (marido y cuñado de Ana Rosa Quintana), que conectan con la Operación Tándem y los audios de Villarejo por agrupamiento en la misma Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional bajo la justificación de «agilizar la celebración de juicio oral» y para ir soltando lastre. La misma Sala presidida por Grande-Marlaska primero (en los tiempos en que lo proponía el PP), y después por Espejel («nuestra Concha», según la abogada del Estado Dolores de Cospedal) y que el excomisario, ahora en libertad, visita a diario. De Villarejo son los Informes King, inspirados en el trabajo contra denunciantes de corrupción para el dictador de la Guinea antes española (hasta 1968, cinco años después de celebrar el referéndum de autonomía afirmativo), jefe de Estado desde que ordenara fusilar a su tío ya en tiempo de democracia española. La inequívoca contradicción con la que concluye el interregno 2012-2014 es la abdicación del cazador inviolable, contra su voluntad, por una actividad perfectamente legal. Abonando en Botsuana, eso sí, el equivalente a una tercera parte de su asignación anual solo en trofeos, alojamiento, licencias y tasas para abatir elefantes. La estancia es aparte. La quirúrgica fue ya en España, en la misma concesionaria de la gestión de los hospitales universitarios Infanta Elena y Rey Juan Carlos, compañía líder en servicios sanitarios con presencia en España, Latinoamércia y Oriente Medio.
Y llegamos a la conceptuación de la Operación Balmis, de cuyo nombre podemos acordarnos gracias al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (dimitido al iniciarse la vacunación) y a la campaña «este virus lo paramos unidos» —machistas y feministas—. Publicitada institucional y masivamente a la vez que el estado de alarma, con opción de medalla para los de los sables. En honor al médico castrense que llegara a cirujano de cámara de Carlos IV y Fernando VII, Francisco Javier de Balmis, en una época en que todavía se consideraba científico el método de estudio disectivo —actualmente autopsias solo bajo protocolo radioactivo, cuasisatánico—. La viruela de la vaca (hoy en pugna con la equina por el reconocimiento) de la Real Expedición Filantrópica, fue entonces transportada en huérfanos de la Casa de Expósitos de La Coruña, no sin sufrimiento ni bajas al cuidado de la rectora Isabel Zendal. La protección de los intereses, con una vacunación que había llegado por otras vías antes que Balmis al continente, se fundamentaba en el control poblacional y en la logística militar, madre de la estrategia que todavía bebe del general que puso en común a libios, iberos, galos cisalpinos y paquidermos para marchar a las puertas de la capital del imperio romano. El ritmo de conservación vacunal lo marcó la infección voluntaria y causal de un par de criaturas cada diez días. Los beneficios coloniales habían sido puestos en riesgo desde la propia conquista continental con la epidemia desembarcada por Cortés en Tenochtitlán, que diezmó a los indígenas (sin defensas). La ruta de ida la decidieron las propiedades: Canarias, Puerto Rico, Venezuela, Cuba y México. Una vez en el nuevo mundo, aprovisamiento de dos docenas de niños mexicanos y suministro rumbo a las islas Felipinas y a la posesión portuguesa de Macao. Una hazaña occidental relativa, puesto que China y por extensión la India, Oriente Próximo y tb. África, no padecieron la pandemia por llevar siglos administrando pústulas variolosas (de personas) en sus dominios.
Sin enemigo no hay guerra, no hay «tregua de esa monstruosa contienda que llamamos la paz» (Machado, 1938 ). Si la guerra estalla, los necesitados reciben su carencia. La «guerra infecunda» echa de comer al hambriento y también satisface los apetitos desordenados. El campo de batalla estaba servido antes de la guerra detonada por el Covid-19, el escenario de debilitación de los sistemas sanitario y laboral contributivo. Y hay responsables de ello, contrariamente a lo que expresa el mantra oficialista. El estruendo global trajo al mismo tiempo las medidas paliativas de la dirección económica, la vigilancia sanitaria y la huella digital (implementada hace años para la solicitud de asilo por cualquier motivo). La legislación sobre el despido de trabajadores o la reducción de sus jornadas «por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor» —es decir, de forma gratuita—, quedó suficientemente clara en el Estatuto de los Empleadores durante la etapa del actual ministro de Seguridad Social en la independiente AIReF europea que supervisa al Banco de España (mandato de 6 años). Aborigen o extranjera, la misma clase obrera. Temporeros, los separados por más tiempo de sus familias. Mercenarios en Laponia. Aspirantes a mileuristas en el Estado de la monarquía católica, el derecho canónico y la justicia castrense confesa solo con los capellanes de la vicaría militar. Y un regimiento creciente formado por los humillados de los distintos batallones. Los indignados, los desechados y los desencantados con los abusos (sexuales, laborales o asistenciales), con el auge de la apología y los comportamientos fascistas, y con el engranaje corruptivo en la cadena de confianza que envió a viajeros del espacio-tiempo a fumigar centros geriátricos para nada.